Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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3.4 Sobre la base de lo expuesto, el Canadá pidió al Grupo Especial que constatara lo
siguiente:
i) el Canadá no había actuado de modo incompatible con las obligaciones contraídas
en virtud de los artículos II, III, XI o XVII;
ii) las provincias del Canadá habían actuado en observancia de las disposiciones del
Acuerdo General y de la Declaración de Intenciones de 1979;
iii) el Canadá había cumplido su obligación en esta materia, enunciada en las
disposiciones del párrafo 12 del artículo XXIV; y
iv) no se había anulado ni menoscabado ninguna ventaja resultante directa o
indirectamente para las Comunidades Europeas.
b) El artículo II y la Declaración de las Provincias
3.5 Las Comunidades Europeas sostuvieron que, como de la combinación de la recaudación de
derechos consolidados con la imposición de aumentos del precio de importación resultaba un trato
menos favorable que el previsto en la lista canadiense de concesiones arancelarias, la práctica
considerada era incompatible con el párrafo 1 a) del artículo II. Como los aumentos superiores al
costo y a los márgenes de beneficio razonables se imponían con el fin de obtener ingresos fiscales,
constituían "cargas de cualquier clase" en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II. Las
Comunidades Europeas estimaban que la imposición de aumentos de precio discriminatorios no
podía justificarse sobre la base de la segunda cláusula del párrafo 1 b) del artículo II, puesto que
las diferencias de aumento no representaban derechos o cargas aplicados con anterioridad al 30 de
octubre de 1947, ni estaba prescrita su aplicación por la legislación vigente en esa fecha en el
Canadá. Las Comunidades Europeas señalaron que en 1947 ni siquiera había registros del nivel y
las diferencias de los aumentos de precio, y a su juicio era evidente que se habían introducido
nuevos aumentos. Las Comunidades argumentaron además que el párrafo 4 del artículo II
contenía una disposición expresa que limitaba el grado de protección que podía brindarse a través
de las actividades de los monopolios de importación respecto de los productos que eran objeto de
concesiones arancelarias. No había en el párrafo 4 del artículo II ninguna referencia a los
márgenes de monopolio aplicados en la fecha del Acuerdo y no existían fundamentos para aplicar,
por analogía o de otro modo, en el contexto de esa disposición la segunda cláusula del párrafo 1
b) del artículo II. En todo caso estaba claro que no era posible justificar las diferencias de
aumento invocando el párrafo 2 a) del artículo II, por cuanto eran incompatibles con lo prescrito
en materia de trato nacional en el párrafo 2 del artículo III.
3.6 El Canadá adujo que las medidas tomadas por los organismos provinciales de
comercialización de bebidas alcohólicas debían considerarse a la luz de las obligaciones del
Canadá como parte contratante y afirmó que cumplía plenamente las obligaciones contraídas en
virtud del párrafo 1 a) del artículo II. El Canadá estimaba que concedía al comercio de las
Comunidades Europeas un trato no menos favorable que el previsto en la lista de concesiones
arancelarias del Canadá y que, conforme a la Ley relativa a la importación de bebidas alcohólicas,
no existía discriminación entre los proveedores. Dijo que el Canadá no recordaba haber indicado
nunca a las Comunidades Europeas que no pudieran obtenerse todos los registros de los aumentos
de precio anteriores a 1947 y señaló que, si bien tal vez fuese difícil o aun imposible obtener
algunos, muchos otros estaban disponibles.
3.7 A juicio de las Comunidades Europeas los organismos canadienses de comercialización de
bebidas alcohólicas eran monopolios de importación en el sentido del párrafo 4 del artículo II.