Importación, distribución y venta de bebidas alcohólicas por ...

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precios de exportación y para el aumento de los de los productos importados; la situación, con
relación a los precios interiores, de los de exportación y de los de reventa de los productos
importados." Las Comunidades también señalaron que las notificaciones habituales del Canadá
relativas a las cifras de la producción nacional de vinos y de bebidas alcohólicas destiladas no
proporcionaban un desglose según los grupos de productos principales (por ejemplo, documento
L/5445/Add.9). Las Comunidades argumentaron que la solución de la diferencia que tenían con
el Canadá desde hacía tiempo sobre las cuestiones presentadas al Grupo Especial se habría
facilitado si se hubiesen cumplido los requisitos de notificación conforme a la voluntad de las
PARTES CONTRATANTES.
3.46 El Canadá sostuvo que había cumplido sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo
XVII, ya que desde 1977 había estado proporcionando información a las PARTES
CONTRATANTES sobre las prácticas de los organismos provinciales de comercialización de
bebidas alcohólicas, incluida la información correspondiente a la determinación de los aumentos de
precio provinciales. En la notificación efectuada por el Canadá en 1982 sobre el comercio de
Estado se hacía saber a las partes contratantes que las disposiciones de la Declaración de
Intenciones se aplicaban a las políticas de aumento de precio de los distintos organismos
provinciales de control de la comercialización de bebidas alcohólicas. Como había diez provincias
y un gran número de políticas diferentes de aumento de precio, las autoridades canadienses habían
decidido que resultaría imposible efectuar un análisis tan detallado respecto de cada producto y de
cada provincia. Sin embargo, el Canadá expresó que siempre había estado dispuesto a
proporcionar más detalles sobre la determinación de los aumentos de precio en respuesta a
cualquier pregunta que planteara una parte contratante. Desde 1977 sólo se había recibido una
petición en ese sentido (de la CE) y las autoridades canadienses habían respondido facilitando una
información detallada en la que se indicaban los distintos costos relacionados con los productos
nacionales y con los productos importados, que justificaban la aplicación de aumentos de precio
diferenciales. En varias oportunidades se había proporcionado a la CE una información similar en
el contexto de la Declaración de Intenciones de 1979. En algunos casos no se habían facilitado
datos que eran confidenciales desde el punto de vista comercial, como lo permitía el párrafo 4 del
artículo XVII. Además, el Canadá observó que, en virtud de la Declaración de Intenciones de
1979, las provincias se obligaron a mantener en toda sucursal de los organismos de
comercialización de bebidas alcohólicas una lista de precios actualizada de todas esas bebidas
alcohólicas que se vendieran en la provincia, y que cualquiera que solicitara dicha lista podía
obtenerla sin demora. El Canadá declaró también que la referencia al aumento de precio que
figuraba en el párrafo 4 b) del artículo XVII se refería a un producto "para el que no se haya
otorgado concesión alguna de las indicadas en el artículo II" y que en la lista arancelaria del
Canadá cada posición del capítulo de las bebidas alcohólicas se hallaba consolidada. Asimismo,
indicó que la CE se refería a varias preguntas del cuestionario relativo a las exportaciones. A
juicio del Canadá, estas preguntas no eran pertinentes porque los organismos de comercialización
de bebidas alcohólicas no tenían intereses en materia de exportación. Las estadísticas
proporcionadas en la notificación canadiense eran compatibles con los procedimientos de
notificación convenidos, ya que no había ningún requisito que exigiera un desglose
pormenorizado, como lo sugería la CE. El Canadá observó también que sus estadísticas contenían
datos mensuales de las importaciones y exportaciones.
f) Relación entre el artículo III y el artículo XVII
3.47 El Canadá afirmó que el artículo III no era pertinente en el presente caso habida cuenta de
las disposiciones del artículo XVII, que contenía la única obligación relativa al comercio de
Estado, es decir, el trato de nación más favorecida. El Canadá argumentó que no había ninguna
obligación de trato nacional aplicable a las empresas comerciales del Estado. Sostuvo que la nota