manual mujer - Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

los derechos humanos en el caso concreto. Si estos recursos no se han agotado, el peticionario debe
justificar por qué no lo hizo con base en las previsiones que marca la CIDH: que no exista en la
legislación interna del Estado en cuestión el debido proceso legal para la protección de los derechos
que se alegue han sido violados; que no se haya permitido a la víctima el acceso pleno a los recursos
de jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos, o que haya un retardo injustificado en la
toma de decisión sobre los mencionados recursos.
Asimismo, con los elementos que posee, la Comisión considerará si existe una violación a uno
o algunos de los derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos o en otros
instrumentos aplicables.
Una vez analizado esto, la Comisión se pronunciará, mediante un informe, sobre la admisibilidad
del caso. Si éste se adopta, la petición será registrada como caso y, por lo tanto, se iniciará el
procedimiento de fondo. En el caso de adoptar un informe de inadmisibilidad, la demanda será
enviada al archivo de la Comisión.
Una vez recibido el caso, lo primero que hace la Comisión es ponerse a disposición de las
partes interesadas (denunciante-Estado), a fin de llegar a una solución amistosa mediante un
procedimiento de negociación en el marco de la Convención. De llegarse a un arreglo, la Comisión
redactará un informe que transmitirá a las partes interesadas y al Secretario General de la OEA para
su publicación en el Informe Anual que se somete a la Asamblea General.
En caso de no llegarse a un acuerdo por falta de voluntad de las partes, la Comisión examinará
las pruebas que le faciliten el denunciante y el Estado responsable o, según el caso, las pruebas
recolectadas por la Comisión por medio de visitas in loco. De acuerdo con el resultado del examen,
la Comisión determinará si hubo o no violación a los derechos humanos (informe sobre el fondo). En
caso de que se determine que no hubo violación, publicará un informe sobre el fondo, el cual
también se incluirá en el Informe Anual de esta Comisión. En caso contrario, la Comisión preparará
un informe confidencial en el que expondrán los hechos y las conclusiones y hará algunas
recomendaciones al Estado responsable respecto del caso. De este informe, que deberá ser firmado
por la mayoría de los miembros de la Comisión, se entregará copia al gobierno involucrado, dándole
un plazo de tres meses para solucionar el asunto y adoptar las recomendaciones que se le hagan.
Si después del citado plazo el asunto sigue sin solución, por la falta de acatamiento del Estado
a las recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos procederá según sea el
caso:
•Si el Estado involucrado no ha aceptado la competencia de la Corte, ésta podrá emitir su
opinión, con las conclusiones y recomendaciones pertinentes, y fijar un plazo de dos meses más,
dentro de los cuales el Estado responsable deberá tomar las medidas que estime pertinentes para
remediar la situación. Transcurrido el plazo fijado, la Comisión decidirá por mayoría de votos si ese
Estado ha tomado o no las medidas adecuadas y si publica un informe definitivo que quedará
incluido en el Informe Anual que presenta a la Asamblea General de la OEA, o por otro medio,
conteniendo su opinión, las conclusiones finales y las recomendaciones del caso.
•Si el Estado involucrado acepta la competencia de la Corte podrá llevar el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, previa consulta con el peticionario. En este caso, la Comisión
iniciará el proceso con la presentación de una demanda ante la Corte Interamericana.
•En el último caso, la Corte Interamericana emite sus sentencias por medio de fallos, los
cuales deben estar bien fundamentados, jurídicamente hablando. Por lo demás, el juez puede
añadir a la resolución su opinión disidente o individual.
El fallo de la Corte Interamericana es inapelable, aunque cualquiera de las partes puede pedir su
interpretación, así como también sobre la sentencia, en la parte que disponga una indemnización
compensatoria. Asimismo, puede ser hecha efectiva internamente de acuerdo con el procedimiento
nacional para la ejecución de sentencias contra el Estado.
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