Descargar pdf - Crónicas de la Emigración

Mientras tanto, se escuchaban la voz de mi mamá que les
gritaba de todo –no me peguen hijos de puta-, -mis hijos, mis
hijos-, y yo escuchaba –cállate guerrillera de mierda-. (…)
Camilo seguía sin decir nada y yo pregunté -¿a dónde se llevan
a mi mamá?- y la respuesta fue: -a tu mamá no la vas a ver
nunca más-. Ahí me enojé mucho y dije que quería ir con mi
mamá. (…) Cuando salí de mi cuarto vi mi casa destrozada,
sillones rotos, libros tirados, la cocina destruida, les pedí volver
a mi cuarto y buscar unos ponchitos que mi abuela Elida
nos había regalado. Hacía frío, mucho frío. Volví a entrar
escoltada por un hombre armado tomé los ponchitos y entré a
la casa del vecino. Aún hoy recuerdo la cara de pánico de esa
gente, los vecinos. Esa noche no pude parpadear. Me acosté en
la cama matrimonial con la mujer del vecino y ahí sí, empecé a
tener miedo. Miedo de lo que sería nuestras vidas. Miedo de
que vuelvan a buscarme. Miedo de no saber hacia donde se llevaron
a mi mamá, el ser más amado por mí, la que me dio la
vida”. Bárbara y Camilo fueron entregados por la “patota” de
secuestradores a un vecino, quien más adelante los llevó a la
casa de sus tíos con quienes vivieron hasta su madurez.
Desde entonces no hemos vuelto a tener rastro alguno ni de
Rocío ni de Pedro.
A finales de los 90, funciona en Argentina una Unidad
Especial de Investigación sobre españoles desaparecidos.
Formada por forenses especializados, investigadores de la
Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, la Comisión
Nacional de Desaparecidos, la Embajada de España y asociaciones
de españoles desaparecidos, ha logrado, en apenas 24
meses, que la lista de víctimas españolas pase de 36 a 57 casos
oficiales, aunque sus responsables advierten de que "hay otros
cientos de ellos pendientes de ser investigados”. Si la recuperación
de la memoria histórica es una tarea complicada en
cualquier circunstancia, las dificultades se multiplican en el
caso de Argentina, donde, hasta junio de 2005, todas las investigaciones
judiciales estaban paralizadas por las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final, aprobadas en los primeros
años de democracia, donde hasta el año 2007 los servicios de
espionaje militar ni siquiera tenían que informar al ministro de
190