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Comisaría de Morón. De inmediato los familiares nos trasladamos
a dicha comisaría donde se nos negó que estuviese
detenido o que el personal de la misma hubiese intervenido en
la detención de Antonio Rabel Tamayo. Luego se prosiguieron
gestiones ante la empresa FIAT, que negó todo conocimiento
sobre el hecho, manifestando incluso sorpresa, llegando a
exclamar “por qué él”. La empresa, en presencia de los familiares,
hizo gestiones telefónicas, ante autoridades policiales y
militares, pero, por cierto, no pasó de eso la pretendida colaboración
en la búsqueda de su paradero. Quien se encargó de
esas gestiones telefónicas era el Tte. Coronel Ruiz, interventor
de la planta a la fecha de los hechos”.
Continúa la declaración “…y allí comenzaron las infinitas
e infructuosas gestiones, hábeas corpus, varios, todos con
resultado negativo, gestiones ante las autoridades del
Ministerio del Interior, el Comando del Cuerpo 1º del
Ejército, autoridades religiosas, etc. Cuando vino la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos, en septiembre de 1979,
realizaron la pertinente denuncia, y pese a los esfuerzos de
esta organización, tampoco pudieron obtenerse datos positivos
sobre su paradero. Finalmente se realizó la denuncia del
caso ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición
Forzada de Personas (CONADEP), por lo que el legajo
correspondiente a la denuncia debe hallarse a la fecha, en los
archivos de la subsecretaría de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior”. Y en tal declaración termina identificando
como responsables de la desaparición de su hermano a
los integrantes de la primera cúpula militar, Tte. Gral. Jorge
Rafael Videla, Almirante Emilio Eduardo Massera y el
Brigadier Héctor Agosti, así como al entonces titular del
comando del cuerpo 1º del Ejército Gral. Suárez Masón.
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