Descargar pdf - Crónicas de la Emigración

ción. Después de ese día no recibimos más llamadas telefónicas
ni supimos nada de él”, rememora angustiada.
A partir de ese momento María acompañó a su mamá
Alicia a innumerables dependencias policiales, militares y
judiciales, incluso llegaron a entrevistarse con el general
Carlos Guillermo Suárez Masón, comandante en jefe del
Primer Cuerpo de Ejército. “Entramos a su oficina y nos
estremecimos porque mientras hablaba con nosotras tenía
entre sus dedos una enorme araña de goma, que movía de un
lado al otro. En esa oportunidad nos dijo que no sabía nada
y luego nos enteramos de que mi padre había estado en el
centro ilegal de detención que él comandaba. Presentamos
varios hábeas corpus y no tuvimos ningún resultado, además
los diarios no nos publicaban ninguna información sobre el
caso. Logramos, a través de conexiones de mi madre, que el
diario La Prensa publicara el hábeas corpus, aunque no la
noticia del secuestro porque lo tenía prohibido. En otros
medios nos dijeron que éste era uno de los 21 temas que no
se podían publicar, esa es una de las pruebas que tengo de
que su desaparición no fue ajena a su trabajo”, explica. Y
continúa: “Además siempre nos llamó la atención que sus
jefes inmediatos, Walter Klein y Alfredo Martínez de Hoz, no
hiciesen ninguna gestión o denuncia ante la desaparición de
un funcionario de carrera y colaborador como mi padre”.
Existen otros casos de secuestros y muertes relacionados
con la compra de la Ítalo-Argentina durante ese período. En
1985, Carlos Alberto Alvarado, director de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía mientras se negociaba el asunto
Ítalo, declaró bajo juramento ante la comisión que investigó el
caso que Aurelio Cid, subsecretario de Klein, fue secuestrado y
permaneció un año preso a disposición del Poder Ejecutivo
Nacional y Miguel Padilla, que lo sucedió en el cargo, fue asesinado.
Ambos casos, sin aclarar aún, permiten inferir que
Martínez de Hoz no era ajeno a los hechos y que la oscura negociación
del caso Ítalo sólo podía hacerse al margen de la ley.
El 18 de julio de 2006, la Federación de Sociedades
Gallegas de Argentina, acompañada de la Confederación
Intersindical Gallega presentó una querella ante el Juzgado
71