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CEPAL – Colección Documentos de proyectos
Acuerdos internacionales de inversión, sustentabilidad de inversiones …
de inversiones (como por ejemplo, el voto disidente del árbitro Shahabuddeen en el Caso CIADI
N o ARB/05/10). El criterio más difícil de aplicar es el que dice relación con la contribución al
desarrollo económico del país. No está claro cómo se puede evaluar este último requisito y, tal vez por
ese motivo algunos tribunales prefieren simplemente darlo por supuesto (Caso CIADI N o ARB/05/3).
De esta manera, se puede apreciar que el concepto de inversión sigue siendo amplio, sin
perjuicio de que algunos tribunales han determinado a veces que no existe inversión para los efectos
de obtener la protección del CIADI. Así por ejemplo, en Phoenix contra República Checa el tribunal,
aplicando el principio general de buena fe y la prohibición del abuso de los procedimientos judiciales,
estableció que no había realmente una inversión de acuerdo al Convenio CIADI ya que simplemente
se trataba de transacciones económicas realizadas con el sólo propósito de obtener acceso al CIADI:
“El sistema Convención CIADI/APPI no está pensado para proteger transacciones económicas que se
realizan con el sólo propósito de sacar provecho de los derechos contenidos en esos instrumentos, sin
que exista una actividad económica significativa, que es el requisito fundamental de la protección de
cualquier inversionista. Tales transacciones deben ser consideradas como un abuso del sistema. El
Tribunal es del parecer que si el único propósito de la transacción económica es el de iniciar un
reclamo CIADI, sin la intención de realizar una actividad económica en el país receptor, entonces esa
transacción no puede ser considerada como una inversión protegida” (Caso CIADI N o ARB/06/5).
2. Obligaciones sustantivas
Los IIAs imponen obligaciones sustantivas a los Estados parte respecto del trato debido a los
inversionistas y sus inversiones. Dentro de las principales obligaciones están el de otorgar un trato
justo y equitativo, el de trato nacional y el de equiparar el trato al de la nación más favorecida (NMF).
Todos estos estándares han sido interpretados ampliamente por los tribunales encargados de resolver
las disputas relativas a inversiones internacionales. Así, a pesar de la aparente uniformidad en el
lenguaje que emplean las cláusulas que contienen estas obligaciones, su respectivo sentido y alcance
siguen siendo vagos e imprecisos.
La obligación de otorgar trato justo y equitativo, por ejemplo, no tiene un contenido
normativo determinado, por ende, no es claro a qué exactamente está obligado un Estado que debe
otorgar trato justo y equitativo a las inversiones, como tampoco se conocen con exactitud los deberes
positivos o negativos que impone. Pero los tribunales arbitrales encargados de resolver las disputas
entre Estados e inversionistas se han encargado de llenar de contenido este estándar, aunque
lamentablemente no han sido uniformes en sus decisiones.
Tudor (2008), en su reciente estudio sobre el estándar del trato justo y equitativo, incluye las
siguientes obligaciones:
• la obligación de otorgar protección y vigilancia;
• la obligación de otorgar justicia procedimental y conforme a las reglas del debido proceso;
• la obligación de respetar las legítimas expectativas del inversionista;
• la obligación de abstenerse de ejercer presiones o acosar al inversionista;
• la obligación de ofrecer un marco jurídico estable y predecible para el inversionista;
• la obligación de transparencia en el trato con el inversionista, y
• la obligación de no discriminación y de otorgar un trato no arbitrario a los inversionistas.
De estas obligaciones probablemente las más controvertidas se refieren a la protección de las
expectativas de los inversionistas y la de transparencia.
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