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CEPAL – Colección Documentos de proyectos
Acuerdos internacionales de inversión, sustentabilidad de inversiones …
directo para demandar a los Estados en foros internacionales por daños a su propiedad, sin la
necesidad de recurrir previamente a sus propios Estados solicitando la protección diplomática 56 .
Los problemas a los que da lugar la aplicación de un modelo privado de solución de disputas
en materia de inversiones pueden ser examinados desde un punto de vista procedimental y sustantivo.
Van Harten (2007b) ha resaltado cómo ciertas características procesales del sistema de solución de
controversias entre inversionistas y Estados explican la inadecuación de este sistema para evaluar la
legalidad internacional de la acción regulatoria del Estado. Este autor señala que el sistema carece de
rendición de cuentas (“accountability”), publicidad y participación, coherencia e independencia de los
jueces (Van Harten, 2007b).
La falta de rendición de cuentas se produce por el hecho de que los árbitros que deciden estas
controversias no quedan sujetos al control de ningún otro órgano judicial ante quien se pueda reclamar
de los errores de derecho de los laudos o sólo lo hacen en forma muy limitada. En efecto, el Convenio
CIADI (Artículo 52) sólo permite la anulación de un laudo en los siguientes casos:
• que el Tribunal se hubiere constituido incorrectamente;
• que el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades;
• que hubiere habido corrupción de algún miembro del Tribunal;
• que hubiere quebrantamiento grave de una norma de procedimiento; o,
• que no se hubieren expresado en el laudo los motivos en que se funde.
Como puede apreciarse, no se contempla la anulación por haber incurrido el laudo en errores
de derecho. Es verdad que las partes podrían tratar de incorporar el error de derecho en la causal
relativa a la extralimitación manifiesta de sus facultades por parte del tribunal, sin embargo, como lo
demuestra la decisión del comité de anulación en el caso CMS Gas Transmission Company contra
Argentina, no es fácil para los tribunales establecer el vínculo entre ambas causales. En este caso, el
tribunal arbitral decidió que la Argentina no podía emplear el artículo XI del respectivo acuerdo de
inversiones como defensa, que establece que: “El presente Tratado no impedirá la aplicación por
cualquiera de las Partes de las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, el
cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la paz o seguridad
internacionales, o la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad”.
El tribunal arbitral decidió que, al interpretar el Artículo XI del Acuerdo, debían asimilarse
los requisitos de un estado de necesidad a los requisitos establecidos por la disposición interpretada.
De esta manera, se introdujeron al Artículo XI los requisitos del estado de necesidad según las reglas
sobre responsabilidad internacional de los Estados. El Comité de Anulación sostuvo que esta
interpretación era manifiestamente errónea y que había gravitado sustantivamente en la decisión final
del tribunal arbitral. Sin embargo, a pesar de haber incurrido en errores manifiestos de derecho, el
Comité sostuvo que en el laudo no había una violación manifiesta de las facultades del tribunal: “El
Comité recuerda, una vez más, que sólo tiene una jurisdicción limitada con arreglo al Artículo 52 del
Convenio CIADI. En concreto, lisa y llanamente el Comité no puede imponer su visión del derecho y
apreciación de los hechos sobre los del Tribunal. A pesar de los errores y vacíos identificados en el
Laudo, en definitiva el Tribunal aplicó el Artículo XI del Tratado, aun si lo fue en forma ambigua y
defectuosa. Por lo tanto, no existió extralimitación manifiesta de facultades”.
En lo que se refiere a la falta de publicidad, Van Harten (2007b) explica que las partes en el
arbitraje tienen el poder de cubrir el procedimiento arbitral bajo el manto de la confidencialidad. Así
por ejemplo, en el Artículo 48 del Convenio CIADI se especifica que el Centro no publicará el laudo
sin el consentimiento de las partes. Es interesante que, en el caso de los arbitrajes bajo el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los Estados han interpretado este acuerdo en el
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Esta evolución se aleja de la regla general en el derecho internacional, donde la prioridad para resolver
controversias la tiene el derecho doméstico (Van Harten, 2007b).
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