Año 9, t. 11, 5a. entrega (1901) - Publicaciones Periódicas del ...

842 Anales de la Universidad
hombre el medio y el poder de preparar la base de la acusación que
está llamado á producir por ministerio de la ley. Los jueces de instrucción,
entre nosotros, serán un elemento regulador, por el que á la
vez de garantirse la efectividad del derecho social, éste no suplantará
ó absorberá los derechos individuales; unos y otros deben equilibrarse
en el fiel de la justicia. Aun los más ardientes partidarios de la institución
del Ministerio Publico, como Manduca, con la particularidad
de que éste ha ejercido ese cargo largos años de su vida, no estiman
justo confiarle toda la instrucción preparatoria del juicio penal. Hecha
abstracción de que está ocupado en la elaboración de sus muchos y
vanados cometidos, por los que no tendría tiempo bastante para expedirse
pronto, oportuna y satisfactoriamente en todos ellos, queriendo ó
sin querer se aficionaría á su obra. Por esto es necesario un magistrado
que valore en el crisol de la crítica los elementos y los resultados de
la instrucción misma.
Lucca, afirma que el Ministerio Público, parte perseguidora, no puede
realizar ningún acto instructorio; porque en su opinión, de otro modo
haría oficio de magistrado judicial: es extraño, dice, y absurdo, verlo
al mismo tiempo promover la acción penal, recoger las pruebas, examinar
testigos, interrogar acusados, contra el principio que nemo simul
esse potest aeusator et judex. Estaríamos de perfecto acuerdo con
Lucca si el interés social no pugnara con este principio jurídico, si el
fin supremo de la justicia no exigiese á veces el desgarramiento del
mismo, en parte: porque, ¿de qué nos serviría tener acusadores y jueces,
si en un caso dado, no recogiéramos los datos precisos para el establecimiento
de la verdad en el fallo judicial, dispuesto á desaparecer
con el más breve transcurso de tiempo? ¿Acaso el Juez de Instrucción
está destinado á fallar sobre la criminalidad del reo presunto,
lo que en absoluto haría que las funciones de Juez instructor fueran
incompatibles con las del Ministerio acusador? ¿Quiérese, estableciéndose
esa incompatibilidad absoluta, obviar los peligros de la parcialidad,
que sólo por excepción puede ser posible en los altos fun -
cionarios del orden judicial? ¿No sería mayor el peligro que resultase
de maniatar á los agentes del Ministerio Público, frente á frente de
un delito, del que no pueda tomar nota ni siquiera un policial,
porque no lo hay, ó por impedimento, ó por ineptitud? Al fin y á la
postre, el representante del Ministerio Público no ejercita una acción
personal, un derecho propio, individual, y sería raro que inspirándose
en el bien público, que comprende el bien de cada uno de sus conciudadanos,
quisiera sembrar el mal de éstos por un afán de dañar
tan criminal como el delito mismo, para reparar otro mal.
El derecho del Ministerio Público á instruir diligencias del sumario,
responde al principio de la necesidad, tan respetable como cualquiera
otro; y por ello es que únicamente sólo puede ejercerse en ciertos y excepcionales
momentos: á falta de Juez instructor, cuando la comproba-