Lima Arbitration

BERNARDO M. CREMADES
traje— o institucional —de acuerdo con el reglamento de la institución arbitral
de la que sea miembro.
La libertad de configurar el procedimiento arbitral, no puede en ningún
caso reemplazar la obligación de las partes y del árbitro de respetar tres principios
constitucionales de carácter imperativo, aplicables a todo proceso: audiencia,
contradicción e igualdad. Siendo el arbitraje un equivalente jurisdiccional,
mediante el cual los particulares pueden alcanzar los mismos objetivos que ante
la jurisdicción civil, la Ley de Arbitraje exige un procedimiento equilibrado en
el que las partes gocen de igualdad de armas para hacer valer sus pretensiones.
Los principios de igualdad, audiencia y contradicción son de aplicación
inmediata al arbitraje que, en su caso, serán tutelados por los órganos judiciales
que conozcan de la acción de anulación del laudo, o por el propio Tribunal
Constitucional, mediante la interposición del recurso de amparo, frente a la
resolución de la Audiencia Provincial que desestime la acción de nulidad, cuando
en el arbitraje se hubiese efectivamente vulnerado el derecho fundamental al
proceso debido.
2. Justificación y naturaleza jurídica del arbitraje
La exclusividad jurisdiccional a que parece aludir el artículo 117.3 CE y 2 LOPJ
no afecta a la validez constitucional del arbitraje, ni vulnera el artículo 24 CE, ya
que el derecho a la tutela judicial efectiva puede ejercitarse tanto ante la jurisdicción
ordinaria como mediante arbitraje, ya que el derecho a dicha tutela «…no
impide la igualmente facultad constitucional de optar para dicha tutela por el cauce extrajudicial
del arbitraje». 2
El arbitraje se justifica en la autonomía de la voluntad, fruto de la libertad,
valor fundamental que nuestro ordenamiento jurídico propugna en el artículo
1.1 CE. Tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional, el arbitraje es
«…un medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la
voluntad de los sujetos privados (art. 1.1 CE)…». 3
2
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1989 [RJ 1989, 6899]. Cfr. Sentencias
del Tribunal Constitucional 92/1985 de 24 de julio; y 160/1991, de 18 de julio.
3
Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de enero de 2005, citando STC 176/1996, de
11 de noviembre, Fundamento Jurídico Primero.
LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006 187