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EL ARBITRAJE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA 4.3. La responsabilidad del árbitro El artículo 117 CE establece que la tutela judicial efectiva será llevada a cabo por los jueces y tribunales, quienes desempeñan en exclusiva la función jurisdiccional del Estado. Los artículos 405 y ss. LOPJ indican que el Juez predeterminado por la Ley tiene responsabilidad en el ámbito civil, penal y disciplinario. Esta responsabilidad constituye una garantía para los ciudadanos, que ha sido ampliamente desarrollada por la Ley, pero cuyo régimen no puede trasladarse íntegramente al terreno arbitral. El Tribunal Constitucional considera al árbitro como «…un particular que ejerce una función pública…,» 24 de carácter cuasi-jurisdiccional, lo cual requiere el establecimiento y aplicación de un régimen de responsabilidad para el árbitro que garantice el derecho de los particulares al proceso debido. El artículo 21.1 LA se refiere expresamente al régimen de responsabilidad de los árbitros. Una vez aceptado su nombramiento, el árbitro y, en su caso, la institución arbitral quedan obligados a ...cumplir fielmente su encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo…. [Así,]…la aceptación es la génesis de la responsabilidad del árbitro y supone la obligación de los árbitros (arbitraje ad hoc) o de la institución arbitral (arbitraje institucional) de cumplir fielmente el encargo de arbitrar... o de administrar el arbitraje... 25 La régimen de responsabilidad configurado por la LA es de carácter genérico, aplicándose a cualquier incumplimiento del cargo, tanto para personas físicas como jurídicas, excluyéndose sin embargo la responsabilidad por simple negligencia. 26 De este modo, la responsabilidad del árbitro se aparta del régimen de responsabilidad civil previsto en el artículo 411 LOPJ, para jueces y magistrados. En general, el artículo 21 LA prevé un régimen de responsabilidad contractual (artículo 1001 CC), sin perjuicio de ésta pueda concurrir con la extracontractual (artículos 1902 y siguientes). 27 24 Auto del Tribunal Constitucional núm. 259/1993 (Sala Primera, Sección 1ª) de 20 de julio (RTC 1993. 259). 25 González Soria, supra nota 22, p. 204. 26 Garberí Llobregat, supra nota 23, pp. 415-416. 27 Id. 198 LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006
BERNARDO M. CREMADES La responsabilidad del árbitro no sólo se proyecta en el ámbito civil, sino también en la esfera penal; en relación con los tipos previstos en el Título XIX del Código Penal. En los artículos 422 (cohecho) y 439 (negociaciones prohibidas) el Código Penal específicamente se refiere a los árbitros, 28 teniendo en cuenta la función pública que éstos ejercen, lo que justifica la consideración del arbitraje como una institución que sobrepasa el ámbito contractual para adentrarse en la esfera procesal. 5. Garantías constitucionales del procedimiento arbitral: los principios de audiencia, contradicción e igualdad El artículo 24 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses, prohibiendo la indefensión. Se trata de un derecho que la casi totalidad de los Estados democráticos reconoce. En la esfera internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 10) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 14) expresamente reconocen la universalidad de este derecho. La tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos es aplicable en cualquier ámbito, incluido en el arbitraje. En ningún caso podrá un procedimiento arbitral denegar a las partes este derecho, debiendo los árbitros resolver todos los asuntos que se les sometan, otorgando a ambas partes igualdad de oportunidades para hacer valer sus pretensiones. Asimismo, se trata de un derecho que nuestra Constitución reconoce a todas las personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas. El derecho a la tutela jurisdiccional es vinculante para el conjunto de los ciudadanos; es decir, se trata de una vinculación que afecta no sólo al poder ejecutivo, legislativo y judicial, sino a todos los ciudadanos (artículo 9.1 CE), incluidos los árbitros. Asimismo, el artículo 7.1 LOPJ establece que los derechos y libertades fundamentales «…vinculan en su integridad a todos los Jueces y 28 El Artículo 422 del Código Penal establece que lo dispuesto en los artículo 419-421, relativos al cohecho, «…será también aplicable a los jurados, árbitros, peritos, o cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública…». Por otro lado, los artículos 439 y 440 penan el abuso por parte del árbitro que, en el ejercicio de sus funciones, se aproveche de su condición de árbitro para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en el asunto que están conociendo o de los bienes objeto del litigio. LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006 199
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