Lima Arbitration

EL ARBITRAJE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA
Si algo queda claro en las diferentes ocasiones en las que el Tribunal Constitucional
ha conocido de temas arbitrales es el respeto a la autonomía de la
voluntad de las partes en el marco de su disponibilidad. Los efectos positivos y
negativos del convenio arbitral destacan en nuestra doctrina constitucional, respetando
la competencia de los árbitros en el ejercicio de sus funciones y protegiéndoles
de intervenciones judiciales no deseadas en lo que el alto tribunal
denomina ordenamiento infra-constitucional.
Desaparecidos ya de nuestro derecho y en concreto de la ley de arbitraje
los límites que en materia de derecho internacional privado introdujera hace
años quien temiera los efectos de la internacionalización de la economía española,
hoy se puede decir que el arbitraje internacional se desarrolla en nuestro
país con gran comodidad. Difícil resulta entender en una economía globalizada
la limitación de la libre selección del derecho aplicable al hecho de que hubiera
un punto de conexión entre el negocio jurídico y el derecho regulador por
voluntad de las partes.
La doctrina constitucional refuerza en España la autonomía del convenio
arbitral y en consecuencial la agilidad decisoria de los árbitros. Con toda claridad
se puede decir que en la moderna España democrática la doctrina y la
cláusula Calvo no tienen ninguna cabida.
El Tribunal Constitucional ha matizado también en materia arbitral los
derechos y libertades. En ocasiones se ha enfrentado valientemente a opiniones
jurisprudenciales y doctrinales restrictivas de la libertad contractual. Ese ha
sido el caso en materia de arbitraje societario, reforzando así el régimen de
libertad que en su día introdujera ya el Tribunal Supremo.
La moderna doctrina constitucional ha consolidado al arbitraje en España
como genuina expresión de la libertad contractual. La Constitución dio al traste
con el monopolio jurisdiccional del anterior régimen y así lo ha ido precisando
el Tribunal Constitucional en su reiterada jurisprudencia.
220 LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006