Lima Arbitration

EL ARBITRAJE EN LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESPAÑOLA
rresponde hacer ejecutar lo Juzgado (Autos TS, Sala Tercera, 18 de noviembre
de 1986 y 2 de marzo de 1987)….
La potestad jurisdiccional del árbitro es fruto de la voluntad de las partes
de someter una determinada controversia a su decisión mediante arbitraje. Es
precisamente este poder jurisdiccional del árbitro que distingue a esta institución
de otros métodos de resolución de controversias, como son la conciliación
y la mediación.
El árbitro no es un representante de la parte que le ha designado ni tampoco
un negociador. Asimismo, la posición que el árbitro ocupa en nuestro ordenamiento
jurídico «…no es equiparable a la de un ciudadano particular…». 19 En palabras
del Tribunal Constitucional, «…el árbitro que zanja una controversia mediante
un laudo de Derecho actúa en ejercicio de una potestad de iuris dictio…» pudiendo las
partes «…obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil…». 20
Por lo tanto, el ordenamiento jurídico reconoce a los árbitros una serie de
derechos, que les permita llevar a cabo esa potestad decisoria, pero también
una serie de obligaciones y responsabilidades, para salvaguardar el derecho de
las partes a la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses,
prohibiendo la indefensión.
4.2. Imparcialidad e independencia del árbitro
La independencia arbitral es una de las garantías básicas del arbitraje, necesaria
para el desempeño de cualquier órgano que ejerza jurisdicción o lleve a cabo
una función equivalente. El árbitro debe permanecer independiente e imparcial
respecto a las partes, principio que hoy en día se encuentra aceptado en la
mayoría de legislaciones nacionales y reglamentos arbitrales. En España, la
Exposición de Motivos de la LA establece:
...el deber de todos los árbitros, al margen de quien los haya designado, de
guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes en el
arbitraje. Garantía de ello es su deber de revelar a las partes cualquier hecho
o circunstancia susceptible de poner en duda su imparcialidad o independencia.
19
José Garberí Llobregat, Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
(2004), p. 295
20
Id. citando SSTC 62/1991, fundamento jurídico 5º, y 288/1993, fundamento jurídico 3º.
196 LIMA ARBITRATION. N° 1 - 2006