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Guía para la inclusión laboral de personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas con VIH 2012
La inclusión laboral y la permanencia de estas personas en su empleo, promueven la solidaridad entre los
compañeros de trabajo; porque favorecen a la empresa al minimizar los costos de interrupción de trabajo,
reemplazo y calificación del nuevo personal.
Cualquier trabajadora/or tiene derecho a la asistencia médica completa y a los servicios de salud (seguridad
social).
Los centros de trabajo pueden ofrecer programas de formación participativa para fomentar el conocimiento de
los riesgos y promover cambios de actitudes y prevención.
Las personas con VIH, se desenvuelven en cualquier actividad laboral, por lo que no tienen restricciones.
7. Experiencia en el sector público
Partiendo de conceptos fundamentales relacionados con la discapacidad, en la Guía se propone identificar a
través de un diagnóstico las condiciones laborales de las personas con discapacidad que ya trabajan en el servicio
público, para posteriormente desarrollar un plan de acción que contemple aspectos de reclutamiento, selección,
colocación, ambiente laboral, seguridad y salud, así como participación de las personas con discapacidad en las
organizaciones sindicales en condiciones de igualdad. Esto, a fin de promover una política de inclusión integral
que considere tanto a las personas con discapacidad que ya se desempeñan en las entidades y dependencias de
la Administración Pública Federal, (APF), como las medidas para ampliar los espacios laborales para aquellas
que aspiren a ingresar al servicio público.
7.1. Sensibilización con perspectiva de discapacidad
La transversalización de la perspectiva de discapacidad en las instituciones y dependencias de la Administración
Pública no se limita a diseñar servicios o programas destinados a personas con discapacidad; también busca que
las y los servidores públicos, en su papel de agentes activos, identifiquen las necesidades de la administración
pública en torno al tema de la inclusión laboral en el sector público y que las plasmen en un diagnóstico, para
posteriormente ejecutar y dar seguimiento a un plan de acción.
Este proceso implica, en primera instancia, la realización de un análisis de las actitudes y posición de las y los
servidores públicos frente a la discapacidad; así como reflexionar sobre los prejuicios, creencias y estereotipos
que se han arraigado en la sociedad y que restringen la participación de este grupo poblacional.
En este sentido, la transversalización de la perspectiva de discapacidad en las instituciones y dependencias de
la Administración Pública contribuirá a la eliminación de conductas discriminatorias y a la generación de efectos
multiplicadores de acciones a favor de la igualdad de oportunidades y de trato.
Para lograr un mayor impacto de sensibilización entre las y los servidores públicos, se sugiere establecer una
coordinación entre la Administración Pública Federal e instituciones especializadas en el tema, como el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión
de las Personas con Discapacidad (CONADIS), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
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