Informe - Estado de los Contribuyentes en México - Indetec

sistémico, es decir, advirtió la existencia de elementos que provienen de la estructura misma
del sistema tributario (en su más amplio concepto ya que se trató de un problema que
implicaba la aplicación de un tratado), y que se encontraban produciendo una afectación
jurídica y económica grave en cierto sector de contribuyentes (los importadores a que se
hace referencia).
Con el objeto de proteger sus derechos, Prodecon estimó que era necesaria una
modificación en las normas administrativas aplicables, y después de seguir el
procedimiento respectivo marcado por sus lineamientos, en septiembre de 2012, emitió la
Recomendación Sistémica 2/2012, donde consideró que se afecta el derecho fundamental
del importador a ser oído en el procedimiento administrativo de verificación de origen
seguido al exportador referido, lo que vulnera su garantía de audiencia, ya que puede
perder el trato arancelario preferencial.
Agrava aún más el problema el hecho de que la forma en que se notifica del inicio del
procedimiento de verificación de origen al productor o exportador en el extranjero se
llevará a cabo, de manera poco cuidadosa, pues se pudo constatar que, en diversos casos,
se realizó a través de cuestionarios al exportador sin la traducción en idioma español
correspondiente, los cuales, adicionalmente, podían no ser entregados efectivamente a los
destinatarios debido a que la notificación se realizaba por empresa de mensajería privada.
2.2 Análisis
a. Garantía de audiencia en el procedimiento de verificación de origen
Prodecon razonó que se contraviene un postulado normativo general, de carácter básico
y esencial, que impacta a la totalidad del sistema tributario, inclusive en el contexto
constitucional en el que descansa el Estado de Derecho, ya que toda persona debe gozar
de la garantía de audiencia para estar en aptitud de defender sus intereses respecto
de aquellos actos que afecten o potencialmente puedan afectar sus esferas jurídica y
económica.
En este sentido, las consecuencias de la determinación de que alguna mercancía no
es originaria de la zona de libre comercio, recaen directamente en la esfera jurídica y
patrimonial del propio importador, por ser éste quien tendrá que cubrir los créditos
fiscales, multas, cuotas compensatorias y demás que se impongan tras la negativa del trato
arancelario preferencial, a través de un procedimiento en el que no fue parte.
Estado de los derechos de los contribuyentes
A la luz de las facultades sustantivas de Prodecon
31