Informe - Estado de los Contribuyentes en México - Indetec

Por una nueva cultura contributiva
A esta tarea, se suma el trabajo de los organismos de protección y defensa de los derechos
humanos; en este caso, la Procuraduría de la Defensa de los Contribuyentes, surge en un
momento trascendente de fortalecimiento de los derechos humanos, al identificar los
derechos de los contribuyentes como derechos humanos, los cuales deben ser protegidos
de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución Política. Este organismo
protege y defiende a los contribuyentes a través de sus actividades de asesoría, atención
de quejas y representación legal en materia fiscal, lo que promueve la consolidación de un
sistema tributario nacional justo y equitativo, buscando coadyuvar en la construcción de
una relación contribuyente-autoridad fiscal basada en el respeto y observancia de la ley,
en la confianza, la corresponsabilidad, la transparencia, y la rendición de cuentas; todas
estas consideradas como piezas son fundamentales para la construcción y defensa del
Estado de Derecho, en donde las creación de las leyes es resultado de la democracia, las
cuales protegen los derechos de las personas y de la sociedad.
Y es importante destacar que Prodecon tiene como una de sus atribuciones sustantivas,
consagrada en el artículo 5, fracción XV, de su Ley Orgánica, la de: “Fomentar y difundir
una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social,
respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos
que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las
atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en
estricto apego a la legalidad”.
Por tanto, la nueva cultura contributiva, como herramienta discursiva propone la
reorientación del paradigma de la cultura contributiva, como una parte importante
de la política fiscal del Estado mexicano en el desarrollo y fortalecimiento de la propia
democracia, en donde la participación ciudadana implica no sólo el derecho sino el
compromiso ético, político y social de intervenir en la toma de decisiones del gobierno,
decisiones que deben ser concertadas y legítimas, para lograr la conformación de un
círculo virtuoso que se convierta en la práctica social imperante.
Del mismo modo los ciudadanos que participen de forma comprometida, informada y
proactiva, podrán demandar a la autoridad gubernamental una rendición de cuentas
clara, lo que permitirá un proceso gradual de toma de decisiones en un marco de
corresponsabilidad y equidad social.
En el proceso de construcción de la cultura contributiva como una práctica social modificada,
es importante definir claramente su relación con la cultura política y cívica nacional, las
cuales tienen como fin el empoderamiento del ciudadano, a través del conocimiento y
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