Informe - Estado de los Contribuyentes en México - Indetec

En México “el Estado tiene encomendadas tareas que debe realizar para que la sociedad
civil pueda encontrar organización y vida”, y su función debe estar respaldada por finanzas
sólidas que le permitan solventar los gastos estructurales de aquélla.
El deber de contribuir deriva del Art. 31, fracción IV de la Carta Magna en donde se
declara que “Son obligaciones de los mexicanos: Contribuir para el gasto público, así de
la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan de las leyes”.
La obligación de contribuir es, por tanto, de carácter constrictivo, coactivo, forzoso,
imperativo, coercitivo, dado por una ley jurídica o por una norma moral a una relación
personal.
En torno a dicha obligación tributaria tenemos una serie de derechos con los que cuentan
aquellos que pagan sus impuestos, los cuales se insertan en un nuevo contexto discursivo
sobre los “derechos” -garantías individuales, derechos fundamentales, derechos humanos,
entre otros-, que deben ser observados por las autoridades fiscales; lo anterior, dentro
del marco de fortalecimiento del Estado de Derecho-democrático, en donde es necesaria
la formación de una ciudadanía participativa, con el fin de lograr el desarrollo de una
sociedad informada, y comprometida con su futuro.
La cultura contributiva no sólo tiene como objeto a los ciudadanos, sino también a las
autoridades estatales o gubernamentales; éstos últimos deben reconocer su deber de
actuación ético y moral, en el manejo de los recursos públicos y en la toma de decisión
informada y responsable, ya sea como autoridad hacendaria o recaudatoria; así como en
un actor coadyuvante de la “justicia fiscal”.
Al respecto, vemos que el Estado mexicano no sólo se ha preocupado por el funcionamiento
del proceso de recaudación del sistema tributario nacional, sino que cuida que existan
mecanismos encargados de solucionar los posibles problemas o conflictos que surjan entre
las autoridades estatales y los contribuyentes, tales como los procesos de auto-corrección
o reconsideración administrativa por parte de las propias autoridades fiscales, los
realizados por los tribunales administrativos que estudian los asuntos fiscales, asegurando
la imparcialidad y justicia en la solución de los mismos; así como el trabajo de los tribunales
judiciales, cuyo papel es trascendente en la construcción de un sistema tributario más
justo, al estar encargados de la interpretación de las normas jurídicas fiscales.
Estado de los derechos de los contribuyentes
A la luz de las facultades sustantivas de Prodecon
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