Informe - Estado de los Contribuyentes en México - Indetec

actuaciones de las autoridades deben producirse conforme a lo que dispone la ley, de lo
contrario dichos actos son susceptibles de ser declarados inválidos.
Señala el doctor Burgoa que: “la garantía de legalidad implicada en la primera parte del
artículo 16 constitucional, que condiciona todo acto de molestia en los términos en que
ponderamos este concepto, se contiene en la expresión de fundamentación y motivación
de la causa legal del procedimiento.”
Sigue exponiendo: “Ahora bien, qué se entiende por “causa legal del procedimiento” desde
luego éste, o sea, el acto o la serie de actos que provocan la molestia en la persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones del gobernado, realizados por la autoridad competente,
deben no sólo tener una causa o elemento determinante, sino que éste sea legal, es
decir, fundado y motivado en una ley en su aspecto material, esto es, en una disposición
normativa general e impersonal, creadora y reguladora, de situaciones abstractas.” 40
En ese tenor, puede decirse entonces que este principio establece un enlace de verificación
entre la actuación de la autoridad y la ley que la regula, bajo los principios rectores que
emanan de nuestra Constitución Política; enlace éste que no se produce en los casos
analizados.
De igual forma, esta Procuraduría considera que también se violaron los derechos
fundamentales de seguridad y certeza jurídicas, entendiéndose éstas como el conjunto de
condiciones, requisitos, elementos y circunstancias previas a que debe sujetarse la autoridad
para poder generar con validez, una afectación en perjuicio de cualquier individuo.
En efecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su segundo párrafo señala: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
De la citada disposición constitucional se desprende que para que una autoridad del
Estado pueda privar a una persona de su libertad, de sus propiedades, posesiones o
derechos, se tienen que cumplir como mínimo los siguientes requisitos para que el acto
tenga plena validez:
40 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las Garantías Individuales, 28a. Edición. México, Ed. Porrúa, 1996, p. 601-602.
Estado de los derechos de los contribuyentes
A la luz de las facultades sustantivas de Prodecon
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