Informe - Estado de los Contribuyentes en México - Indetec

En mayo de 1994 el contribuyente, actuando de buena fe, se autocorrigió respecto al
impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de 1991, solicitando el pago en parcialidades
del adeudo fiscal que, en ese entonces, ascendía a la cantidad de $478.446.00.
El contribuyente fue omiso en realizar el pago del crédito fiscal, por lo que la autoridad
inició –por primera ocasión– el Procedimiento Administrativo de Ejecución en septiembre
de 1994, trabando embargo sobre tres bienes inmuebles propiedad del contribuyente.
El 1° de diciembre de 1997, le fue dado a conocer el avalúo sobre los bienes embargados
en esa primera diligencia. Avalúo que quedó firme desde agosto de 1999, es decir, que
la autoridad se encontraba facultada de manera reglada para convocar a remate de los
bienes embargados desde esa fecha, diligencia que no realizó.
De manera sorprendente, la autoridad fiscal inicio 4 procedimientos administrativos de
ejecución (PAES) adicionales con la intención de hacer efectivo el cobro del mismo crédito
fiscal, embargando diversos bienes inmuebles propiedad del quejoso (incluso algunos de
ellos en más de una ocasión), y ordenando la trasferencia de los recursos de sus cuentas
bancarias; todo ello sin haber finalizado el primer procedimiento iniciado con el mismo
objeto: cubrir el monto del crédito fiscal.
De los 5 PAES sólo dos concluyeron, uno de ellos incluso 13 años después de haberse
iniciado. Es de destacarse que ninguno de esos dos corresponde al instaurado
primigeniamente en 1994.
La autoridad en el año 2007 y 2011, respectivamente, adjudicó en favor del fisco federal
dos bienes inmuebles que fueron embargados en junio de 2006 y posteriormente, un
tercero embargado en septiembre de 1998, sin concluir al día de hoy el diverso embargo
practicado en noviembre de 1994.
Derivado de esta actuación morosa de la autoridad, el crédito aumentó de manera tal, que resulta
imposible su finiquito, aún con la disminución de todos los bienes que le han sido embargados.
No menos relevante es el hecho de que esta Procuraduría revisó los cálculos efectuados por
la autoridad al determinar el monto del remanente del crédito fiscal a cubrir, resultando
éste incorrecto, pues el saldo determinado por la autoridad fiscal ascendía a $3,484,177.14,
cantidad que es tres veces mayor a la calculada por Prodecon, esto es, $1,036,496.42 M.N.
Estado de los derechos de los contribuyentes
A la luz de las facultades sustantivas de Prodecon
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