INFORME DE OBSERVACIONES DE LA ... - Infaoliva

Artículo 40. Obligaciones adicionales de los gestores de residuos peligrosos.
Apartado 2.
Entendemos que si los transportistas han de comunicar su actividad como
“transportistas de residuos” a la administración competente, sea ésta la que se
encargue de comprobar que cumplen con todos los requisitos exigidos por la
legislación para la circulación de vehículos y con el transporte de mercancías
peligrosas, evitando a los gestores/productores realizar labores de “policía”.
La obligación de las personas o entidades gestoras será sólo comprobar que la
persona o entidad transportista está registrada en los registros correspondientes
de ámbito autonómico o nacional y, evidenciar documentalmente, quién asume la
responsabilidad derivada del transporte.
Con respecto a quién asume la responsabilidad derivada del transporte, en el caso
del transporte de mercancías peligrosas, está regulado por el ADR.
Artículo 41. Traslado de residuos peligrosos fuera de Andalucía.
En relación con los traslados, se estima que debería transcribirse lo especificado
por el artículo 25 de la LRSC, al objeto de que los motivos para oponerse a los
traslados y los plazos de respuesta a las comunicaciones sean homogéneos.
El procedimiento de autorización establecido para todo tipo de residuos sin
distinción, las condiciones para autorizar la salida de residuos, así como el plazo de
dos meses para dictar y notificar la resolución descritos en este artículo y
mencionado en diferentes partes del articulado, son desproporcionados e
incompatibles con el régimen de traslados de residuos en el interior del territorio
del Estado marcado en el Artículo 25 de la LRSC, provocando desigualdad, una
gran desventaja competitiva de las empresas gestoras establecidas en Andalucía,
un aumento de la carga administrativa que tienen que soportar, así como
limitaciones al libre mercado sin beneficio alguno al medio ambiente. Además,
dada la situación económica actual, es aún más preocupante por la posible pérdida
de puestos de trabajo.
Adicionalmente, el plazo establecido de dos meses para la resolución de la
autorización es desmedido, teniendo en cuenta que este artículo de la LRSC
establece un plazo de 10 días para oponerse al traslado. Esta paralización a la
espera de autorización podría suponer una paralización de la actividad con los
graves perjuicios que ello supondría.
El hecho de que se puedan aplicar criterios diferentes entre comunidades
autónomas, e incluso entre delegaciones provinciales, podría incurrir en que se
produzcan diferencias de trato discriminatorias en contra de lo recogido en el
artículo 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
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