INFORME DE OBSERVACIONES DE LA ... - Infaoliva

Artículo 71. Obligaciones de las entidades gestoras de los sistemas de gestión
Apartado 1: Buena parte de la información anual que se exige presentar a los
sistemas colectivos será imposible de aportar, sencillamente porque no es
información que deban aportar obligatoriamente los productores adheridos. Es el
caso, por ejemplo, de los productos exportados a otros países –puesto que, al no
ponerse en el mercado nacional, no se declararan al sistema- o, salvo algunas
excepciones muy puntuales, de la desagregación por municipios y provincias.
Se propone, por tanto, que estas exigencias sean eliminadas y que el suministro de
información por parte de los sistemas colectivos se adecue a lo requerido con
carácter básico en el conjunto del Estado. Por lo que se propone esperar las futuras
normas básicas de desarrollo previstas de forma expresa en la LRSC.
Apartado 2.b): De acuerdo con el art. 32.5.b) de la LRSC, las reglas sobre las
garantías financieras que deban prestar los sistemas colectivos se fijarán mediante
Real Decreto y, por lo tanto, con carácter básico, por lo que no pueden ser fijadas
unilateralmente por una Comunidad autónoma concreta.
Artículo 72.4 y 73.2: Convenios Marcos y específicos de colaboración
ECOEMBES
En estos preceptos se establecen dos supuestos de arbitraje obligatorio para los
casos en que no se suscriban convenios de colaboración entre los sistemas
colectivos y las Administraciones competentes, lo que no puede contemplarse en
una norma de rango reglamentario, de forma autónoma y sin que se cuente con la
preceptiva habilitación legal.
Sin perjuicio de lo anterior, se considera, además, que fijar un plazo tan corto para
suscribir los convenios marco (3 meses) coloca a los sistemas colectivos ante una
situación de auténtica indefensión, ya que se verán disminuidos en su capacidad de
negociación ante las penosas consecuencias que tendría para ellos la no
suscripción de los referidos convenios.
Por lo que se propone la eliminación de estos apartados, por vulneración del
principio de jerarquía reglamentaria.
Artículo 74. Vigilancia e inspección a las personas o entidades productoras
de productos.
En este precepto se establece que la Consejería de Medio Ambiente colaborará,
entre otros agentes, con los sistemas colectivos, en la lucha contra el fraude que
pudieran cometer los productores obligados. Siendo de agradecer esta voluntad,
entendemos que debe formularse al revés, de tal forma que sea la Consejería de
Medio Ambiente quien asuma el compromiso de luchar contra este tipo de fraude,
para lo que recabará la colaboración, entre otros, de los sistemas colectivos, ya que
estos últimos carecen de las competencias inspectoras y sancionadoras propias de
las Administraciones Públicas.
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