INFORME DE OBSERVACIONES DE LA ... - Infaoliva

salud humana, y respetando la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento
del mercado interior”.
Por tanto, se solicita la eliminación del capítulo VII del proyecto.
Fijación de objetivos de prevención y gestión referenciados en Andalucía.
Dificultades de cumplimiento e incremento considerable de costes para las
empresas y el consumidor final.
La normativa europea y la legislación nacional ya establecen objetivos de
prevención y gestión para los distintos tipos de residuos. Dada la actual situación
económica, no se debería ir más allá de estos objetivos, por el impacto que puede
tener sobre las empresas.
Estos objetivos no deben superar lo establecido en la Directiva Marco de Residuos
y en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, pero además, el cumplimiento
de dichos objetivos no se debería circunscribir a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
No deberían establecerse como de obligado cumplimiento en el ámbito de nuestra
Comunidad Autónoma objetivos de prevención y gestión para determinados
residuos, que además van más allá, en algunos casos, de lo establecido en la Ley
22/2011.
Sin perjuicio de la competencia que tiene nuestra Comunidad Autónoma para
establecer normas adicionales de protección en materia de medio ambiente, es
preciso señalar que, en la mayoría de los casos, los objetivos que se establecen son
superiores a los fijados en la normativa básica para el conjunto del Estado, que
normalmente son los previstos en las correspondientes Directivas comunitarias.
Esto supone una clara distorsión que inevitablemente ocasionará restricciones al
libre mercado y va en contra del principio de solidaridad entre territorios. Además,
supondrá un incremento de costes para los Sistemas de Gestión Individuales o
Colectivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de otros territorios
del Estado.
Además se establece que los objetivos de gestión de residuos se cumplirán para los
residuos municipales en cada una de las unidades territoriales de gestión definidas
por las Administraciones Locales y en el ámbito provincial, para el resto de
residuos.
Esta obligación resulta inviable para los Sistemas de Gestión Individuales y
Colectivos desde un punto de vista ambiental, social y económico, pues no es
posible desde un punto de vista práctico, hacer un seguimiento y verificación de
esta obligación.
Antes de establecer estos objetivos, se tendrían que realizar un estudio en el que se
determine la repercusión en el coste que tendrá para las empresas y para los
consumidores la consecución de los objetivos fijados. Solo en el caso de que este
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