INFORME DE OBSERVACIONES DE LA ... - Infaoliva

En cuanto a la gestión (art. 39, 40, 44, 47 y 48) las obligaciones son las mismas que
las actuales para los residuos peligrosos, sin embargo para los no peligrosos se
amplían.
Parece excesivo el tratamiento que se le pretende dar a los residuos no peligrosos,
especialmente en el caso de la basura doméstica de origen industrial (orgánicos,
envases etc.).
Régimen de traslados de residuos: (Art. 41 y 42).
El proyecto establece que están sometidos a régimen de autorización tanto la
entrada de residuos procedente de fuera de Andalucía como el traslado de
residuos peligrosos, determinándose que el plazo para resolución de la
autorización será de dos meses. En la Ley 22/2011, se establece que serán
notificación y que el plazo para resolver es de 10 días. (art. 25. apartados 4 y 5).
Se solicita modificación del proyecto conforme a lo establecido en la Ley 22/2011.
Consideramos que el procedimiento de autorización establecido para todo tipo de
residuos sin distinción, las condiciones para autorizar la salida de residuos y
entrada, así como el plazo de dos meses para dictar y notificar la resolución son
desproporcionados e incompatibles con el régimen de traslados de residuos en el
interior del territorio del Estado marcado en el Artículo 25 y 26 de la Ley 22/2011,
provocando desigualdad, una gran desventaja competitiva de las empresas
gestoras establecidas en Andalucía, un aumento de la carga administrativa que
tienen que soportar, así como limitaciones al libre mercado sin beneficio alguno
para el medio ambiente. Además, dada la situación económica actual, es aún más
preocupante por la posible pérdida de puestos de trabajo.
Aplicación de los Principios de autosuficiencia y proximidad (Art. 52).
La Directiva 2008/98/CE en su artículo 16.4 sobre los principios de autosuficiencia
y proximidad aclara que estos principio no significan que cada Estado miembro
deba poseer la gama completa de instalaciones de valorización final en su
territorio, por lo que se considera que si un Estado no está obligado a tener una red
integral de instalaciones, mucho menos una Comunidad Autónoma.
Resulta lógico que se promuevan y recomienden las instalaciones existentes en
Andalucía, pero sin ir más allá de lo que determina el artículo 16.4 de la DMR, por
lo que no debería hacerse imponiendo que todos los residuos generados en
Andalucía tengan que valorizarse y eliminarse únicamente en el ámbito de nuestra
Comunidad.
Este artículo debería ajustarse a los principios expuestos en esta Directiva y en la
Ley 22/2011 que la traspone, y circunscribirse únicamente a los residuos
municipales mezclados.
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