INFORME DE OBSERVACIONES DE LA ... - Infaoliva

Se solicita una nueva revisión del catálogo. A pesar que se establece un período
transitorio de 5 años para la adaptación de las instalaciones existentes y
autorizadas, no se considera suficiente como para evitar que se pueda producir un
colapso con algunos tratamientos de determinados residuos.
La jerarquía de residuos establece el orden de prioridad en el que se aplicarán las
operaciones de gestión, pero sin prohibir y excluir ninguna operación. Creemos
que resulta desproporcionado prohibir determinados tratamientos en Andalucía.
Esto ocasionará un perjuicio injustificado para las empresas andaluzas, tanto
productoras como gestoras.
Obligaciones de los productores y gestores de residuos no peligrosos (art. 13,
18, 19, 20, 21, 39, 40, 44,47,48)
El objetivo de la Ley 22/2011 ha sido lograr una mayor claridad y sistematización
de las obligaciones tanto de los productores como de los gestores de residuos, así
como una simplificación de las cargas administrativas, sustituyendo parte las
autorizaciones por comunicaciones, en línea con lo las recomendaciones y
reglamentaciones de la Unión Europea.
Por lo que, es necesario que el proyecto de Decreto se modifique en el sentido de
eliminar todas aquellas nuevas obligaciones que se crean, tanto para productores y
gestores, distintas de las establecidas en la Ley 22/2011. Esto contribuirá al
establecimiento de un marco homogéneo y claro que no perjudique a las empresas
ubicadas en Andalucía.
Se incrementan considerablemente la carga burocrática y los costes económicos
para los productores de residuos no peligrosos cuya gestión no es de competencia
municipal.
Se deberían eliminar todos los requisitos y nuevas obligaciones que van más allá
de lo establecido en la Ley de Residuos, de tal manera que no suponga una pérdida
de competitividad para las empresas que operan en Andalucía.
A título de ejemplo, se establece la obligación de elaborar y presentar planes de
minimización para productores de más de 1.000 Tn/año cada cuatro años por
centro de producción, cuyos objetivos serán de obligado cumplimiento.
El art. 17.6 de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece que
los productores de residuos peligrosos deberán presentar un estudio de
minimización, sin que se determine su periodicidad, quedando exentos los
pequeños productores de residuos peligrosos que no superen un umbral que se
establecerá reglamentariamente. El proyecto de Decreto no solo no hace distinción
entre grandes y pequeños productores de residuos peligrosos, sino que somete a
esta obligación a los productores de residuos no peligrosos.
Habría que buscar y establecer en el reglamento otras formas de potenciar el
cumplimiento de los objetivos de minimización, sin que ello conlleve a una pérdida
de competitividad.
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