INFORME DE OBSERVACIONES DE LA ... - Infaoliva

Artículo 75. Oficina de coordinación de los sistemas de gestión.
Se contempla la creación de Oficinas de Coordinación, que tampoco está prevista
en una norma con rango de Ley, por lo que tal medida debe ser eliminada, de
acuerdo con lo previsto en el art. 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio.
Lo mismo cabe decir de la exigencia de que las Oficinas de Coordinación deban de
tener personalidad jurídica propia. En todo caso, el grado de detalle con el que se
regulan las funciones que se pretende atribuir a estas Oficinas de Coordinación
resulta excesivo y está orientado, casi exclusivamente, a los supuestos de recogida
de residuos de competencia municipal.
Por lo tanto, una vez acreditado que no pueden fijarse en el proyecto de decreto
reglas sobre las autorizaciones o la personalidad jurídica de las Oficinas de
coordinación, se considera que sería más adecuado incluir las cuestiones
específicas sobre estas Oficinas en el correspondiente convenio de colaboración, y
no en una disposición de carácter normativo.
Artículo 76. Revocación de la autorización a los sistemas de gestión
Apartado 3. Se establecen unos supuestos de revocación de la autorización de los
sistemas colectivos que, en esencia, suponen el establecimiento de un verdadero y
auténtico régimen sancionador, que tampoco encuentra apoyo en una norma de
rango legal que lo sustente. Por lo tanto, estos preceptos deben ser eliminados, en
aplicación de la garantía constitucional del principio de legalidad en materia
sancionadora (art. 25.1 de la Constitución y arts. 127 y 129 de la Ley 30/11992, de
RJPAC), avalada por numerosa jurisprudencia constitucional.
Artículo 77. Subsidiariedad
La regulación de los supuestos en los que la Comunidad Autónoma puede actuar en
ejecución subsidiaria resulta imprecisa y vulnera las mínimas garantías que
resultan exigibles con motivo de la aplicación de estos mecanismos de ejecución
forzosa, de acuerdo con lo previsto en los arts. 96 y 98 de la Ley 30/1992, de
RJPAC.
En este caso, la alegación se debe también a razones de índole práctica, pues
resulta evidente que resultará muy difícil que la Administración pueda recuperar
los costes de las actuaciones que realice en ejecución subsidiaria, teniendo en
cuenta algunos de los supuestos que se contemplan: sistemas colectivos o
productores sin solvencia económica, territorios en los que no opere ningún
sistema colectivo o individual, o ni siquiera se hayan constituido.
Mucho más preocupante es el último de los supuestos contemplados: “cuando se
evidencie un funcionamiento deficiente o mala gestión reiterada” del sistema
colectivo, lo que, no solo supone una vulneración de las mínimas condiciones de
seguridad jurídica que resultan exigibles en este tipo de actuaciones, sino que
colocaría a la propia Administración ante una serie de interrogantes de difícil
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