INFORME DE OBSERVACIONES DE LA ... - Infaoliva

Nuevo régimen de responsabilidad para el productor.
Resulta fundamental que se pudiera garantizar un marco homogéneo a la hora de
aplicar el principio de responsabilidad ampliada al productor. Para ello, del
reglamento deberían eliminarse todas aquellas medidas que van más allá de lo
establecido a nivel estatal, a fin de evitar situaciones que afecten a la
competitividad empresarial y al correcto funcionamiento del mercado interior.
Adaptación a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 22/2011. Concretamente, y
conforme a lo establecido en el apartado 3 de este artículo, solicitar que no se
establezcan obligaciones más allá de lo que determina la Ley y fundamentalmente,
hasta que no se apruebe mediante Real Decreto las obligaciones para residuos
específicos, después de haber estudiado la viabilidad técnica y económica, así como
respetando y garantizando el correcto funcionamiento del mercado interior.
Además, a consecuencia del nuevo régimen de responsabilidades que se le asigna
al productor sería conveniente que éste pudiera eligir la opción de gestión más
eficiente desde el punto de vista económico y ambiental.
Asimismo, se rechaza toda imposición al productor o distribuidor de un producto
que pudiera convertirse en residuo, a que contribuya o participe obligatoriamente
en un nuevo sistema de gestión público o privado, hasta que no se establezca a
nivel nacional.
Dado que la Ley 22/2011 contempla un periodo de tres años para dictar las
normas de desarrollo que, entre otras materias, regularán con detalle los sistemas
colectivos de responsabilidad ampliada del productor, resulta conveniente esperar
a la aprobación de las citadas normas reglamentarias de la Ley, antes de incluir
este mismo tipo de obligaciones en una norma autonómica.
Aceites vegetales usados.
La aplicación de esta nueva obligación generará otro coste más para las empresas
productoras y distribuidoras de aceite, lo que supondría una pérdida de
competitividad de las empresas andaluzas frente a otras comunidades autónomas.
No existe ninguna norma de rango comunitario, ni estatal, que por el hecho de
fabricar y comercializar aceite vegetal apto para el consumo humano, obligue a los
productores y a los distribuidores a constituir y/o contribuir a un sistema
integrado de gestión de residuos de aceites vegetales usados.
La aplicación del Principio de responsabilidad ampliada del productor no habilita a
las comunidades autónomas, a exigir con carácter obligatorio a los productores y
distribuidores a hacerse cargo de la gestión de los aceites vegetales usados.
En este sentido, la Ley 22/2011, en su artículo 31.3 es muy clara al respecto, en
cuanto a que determina que “El establecimiento de estas medidas se llevará a cabo
mediante real decreto aprobado por Consejo de Ministros, teniendo en cuenta su
viabilidad técnica y económica, el conjunto de impactos ambientales y sobre la
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