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BAO. 155. zk. 2006, abuztuak 16. Asteazkena — 19940 — BOB núm. 155. Miércoles, 16 de agosto de 2006en cuyo fallo se dice literalmente: «Que debo absolver y absuelvoa Alain Bringas Martín de los hechos objeto del presente procedimiento,con declaración de las costas de oficio».2. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación donPablo Hermo Hermo; y admitido tal recurso en ambos efectos, fueronelevados los autos a esta Audiencia. Recibidos, se formó el Rolloy se siguió este recurso por sus trámites, no estimándose necesariala celebración de vista.3. Se dan por reproducidos los antecedentes de la Sentenciaapelada.Hechos probadosSe aceptan los hechos probados de la sentencia apelada.Fundamentos de derecho1. El recurrente, don Pablo Hermo Hermo, interesa se revoquela sentencia dictada y se reabra la causa, alegando que despuésdel juicio en el que no deseó formular acusación contra el denunciadole ha llegado la comunicación de una multa de 600 eurosoriginada por éste último al sustraerle el ciclomotor, dato que desconocíacuando renunció al ejercicio de la acción penal.El recurso no puede prosperar. La sentencia es la resoluciónque decide definitivamente el pleito (artículo 245.1, c), de la LeyOrgánica del Poder Judicial y 141 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal),surtiendo el denominado efecto preclusivo, lo que suponeque una vez dictada no es posible introducir nuevos hechos, seaen la misma instancia, sea en fase de apelación. Por otra parte, larenuncia en su momento efectuada por el ahora apelante no es susceptiblede revocación (doctrina de los actos propios). En consecuencia,no es factible estimar el recurso, quedando, no obstante,libre la vía civil para que el perjudicado reclame del denunciado laindemnización que entienda deba paliar los perjuicios irrogados.2. No procede una expresa imposición de las costas procesalesque hayan podido ocasionarse en esta alzada, al no habersedevengado.Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y necesariaaplicaciónFallo: Que desestimando el recurso de apelación formuladopor don Pablo Hermo Hermo contra la sentencia dictada el veintiséisde enero del año en curso por el limo. Sr. Magistrado-Juez delJuzgado de Instrucción número 6 de Bilbao en procedimiento Juiciode Faltas número 758/05, confirmo dicha resolución, sinexpresa imposición de las costas procesales ocasionadas en estaalzada.Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, con testimoniode esta resolución, para su conocimiento y cumplimiento.Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»Y para que sirva de notificación adon Alain Bringe Martín, dadosu ignorado paradero, se inserta el presente edicto en el «BoletínOficial de Bizkaia» para su publicación, en Bilbao, a veinte de juliode dos mil seis.—La Secretaria Judicial(V-3899)•EDICTODoña Carmen Ortuondo Vilaplana, Secretaria Judicial de la OficinaComún de Tramitación Penal de la Audiencia Provincial de Bizkaia.Doy fe: Que en el rollo de apelación de faltas número117/06-2. a procedente del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao,juicio de faltas número 600/05, se ha dictado la providenciay sentencia del tenor literal siguiente:Providencia de la Ilma. Sra. Presidente.—En Bilbao, a treintade mayo de dos mil seis.Por recibidos los presentes autos de juicio de faltas y escritode interposición de recurso de apelación, regístrense, fórmese elrollo con los escritos y acúsese recibo.Conforme al turno establecido se designa Magistrado encargadode resolver el recurso al Ilmo. Magistrado don Pablo Díez Noval.Examinadas las presentes actuaciones y no estimándose necesariala celebración de la vista, pasen los autos al ponente paradictar la resolución procedente.Lo provee y firma la Ilma. Sra. Presidente, de que yo la Secretaria.Doy fe.Sentencia número 453/06, del Ilmo. Sr. Magistrado don PabloDíez Noval.—En Bilbao, a dieciséis de junio de 2006.Vista en grado de apelación por el limo. Sr. don Pablo Díez Noval,Magistrado de esta Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 2.ª,el presente Rollo de Faltas número 117/06; conocido en primerainstancia por el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao en Juiciode Faltas número 600/05 por falta de amenazas, siendo denunciantedon Miguel Herrero Cortés y, denunciado, don Gustavo AndrésGonzález Berrio.Antecedentes de hecho1. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucciónnúmero 6 de Bilbao dictó con fecha diez de noviembre de dos milcinco sentencia en cuyo fallo se dice literalmente: «Que debo condenary condeno a Gustavo Andrés Gonzalo Berrio, como autor responsablede una falta de amenazas leves a la pena de multa de10 días con una cuota diaria de 10 euros (total 100 euros) con laresponsabilidad personal subsidiaria del Artículo 53 del Código Penalpara el caso de impago por insolvencia de 1 día de privación delibertad por cada dos cuotas de multa impagadas y al pago de lascostas».2. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación donGustavo Andrés Gonzalo Berrio; y admitido tal recurso en ambosefectos, fueron elevados los autos a esta Audiencia. Recibidos, seformó el Rollo y se siguió este recurso por sus trámites, no estimándosenecesaria la celebración de vista.3. Se dan por reproducidos los antecedentes de la Sentenciaapelada.Hechos probadosSe aceptan los hechos probados de la sentencia apelada.Fundamentos de derecho1. El recurrente, don Gustavo Andrés Gonzalo Berrio, interesala revocación de la sentencia dictada en primera instancia quele condena como autor de una falta de amenazas perpetrada eldía 24 de septiembre de 2005, sobre las 5,15 horas de la mañanacuando, después de una discusión de tráfico en el cruce de las callesMazarredo e Ibáñez de Bilbao, de esta capital, sacó una navaja yla exhibió frente al conductor y los tres ocupantes de un vehículo,a la vez que pronunciaba la frase «queréis ir rajados?». El recurrentealega infracción del principio de presunción de inocencia,error en la valoración de la prueba y error de precepto legal (el artículo620, 2.º, del Código Penal) y constitucional (artículo 24 de la CE.).Sin embargo, a pesar de la invocación de diversa normativa, elrecurso versa sobre un motivo único, la supuestamente indebidacredibilidad que el juzgador de instancia ha otorgado a las declaracionesde denunciante y testigos.2. Vistos los términos en que se desarrolla el recurso, se hade significar lo siguiente:1. o El principio de presunción de inocencia, dotado de protecciónconstitucional en el artículo 24 de la C.E., ha sido objetode abundantes resoluciones, tanto del Tribunal Constitucional (STC31/1981, de 28 de julio, 189/1998, de 28 de septiembre o 61/2005,de 14 de marzo), como del Tribunal Supremo (STS, Sala 2.ª, de16de octubre de 2001, por ejemplo), que han generado un importantecuerpo doctrinal, que forma pacífica lo considera como el derechoa presumir la inocencia del acusado (presunción íuris tantum)exige para su condena la demostración de los hechos integrantesde las figuras delictivas que se le imputan y su participación en ellasa través de prueba obtenida con pleno respeto a los derechos fundamentalesy desarrollada en el juicio oral bajo los principios depublicidad, oralidad, inmediación y contradicción, que permita razonablementeestimar cometidos los hechos por el autor al que favo-
BAO. 155. zk. 2006, abuztuak 16. Asteazkena — 19941 — BOB núm. 155. Miércoles, 16 de agosto de 2006rece la presunción. En consecuencia, como significa la sentenciadel TS de 29 de octubre de 2003, la alegación de infracción del principiode presunción de inocencia obliga a comprobar: 1.º) Que sedisponga de prueba con un contenido de cargo (prueba existente);2.º) Que dicha prueba de cargo haya sido obtenida y aportada alproceso con observancia de lo dispuesto en la Constitución y enla ley procesal (prueba lícita); 3.º) Que tal prueba existente y lícitasea razonable y razonadamente considerada como suficiente parajustificar la condena penal (prueba suficiente).2. o En lo que concierne a la valoración de la prueba es pertinenterecordar que en el recurso de apelación es el órgano jurisdiccionalque ha dictado la sentencia objeto de recurso el que hapracticado de manera directa y personal la prueba en el acto dePlenario, sin que este Tribunal de apelación haya intervenido enla misma. A estos efectos la doctrina jurisprudencial del TribunalConstitucional (sentencia de 12 de diciembre 1989) y del TribunalSupremo (sentencias de 15 de mayo y 19 de diciembre 1990, de20 de enero de 1993 o de 12 de marzo de 1998, entre otras) estableceque, dado que en nuestro Derecho procesal penal rige el principiogeneral de que la consideración como prueba exclusivamentees la que se practica en el Plenario y se somete a los principiosde contradicción e inmediación, cuando un Tribunal diferente al quela practica y debe revisar los hechos declarados probados, esteTribunal se halla ante una serie de limitaciones que vienen determinadaspor la propia naturaleza de recursos plenos, como es elde apelación, en el que tan sólo cuando la convicción del Juez «aquo» se encuentre totalmente desenfocada, o no exista, o sea manifiestosu error en la apreciación del material probatorio, puede (ydebe) revisarse la fijación que de los hechos haya efectuado y porconsiguiente, rectificar o invalidar las consecuencias jurídicas quehaya extraído.Dados los principios expuestos no hay motivo legal para queen esta segunda instancia se discrepe de la valoración probatoriaefectuada por el juzgador de instancia, quien, después de oír aldenunciante, a los tres testigos por él aportados y al denunciado,ha concedido una credibilidad definitiva a la tesis de la acusación.Examinada la regularidad de la actividad probatoria desde el prismadel principio de presunción de inocencia, no existe vulneración detal derecho, porque las pruebas testificales se han celebrado conpleno acatamiento a las normas que las regulan, en las necesariascondiciones de inmediación y contradicción, disponiéndose,por tanto, de elementos probatorios de cargo pertinentemente desarrollados.Ydesde el punto de vista de la valoración de dichos medios,como antes se ha apuntado, la falta de inmediación de que se adoleceen esta segunda instancia impide verificar la credibilidad delos testimonios, por lo que no hay base para discrepar de la ponderaciónque de los mismos hace el juzgador de instancia, dadoque, por lo demás, la convicción a la que llega es del todo ajustadaa la lógica, a la vista de que la tesis acusatoria es verosímil,la denuncia se formuló de inmediato, no se sospechan móviles espuriosque la pongan en entredicho y ha sido adverada por cuatro testigosque han declarado de forma esencialmente coincidente y quepor más que fueran amigos o conocidos del denunciante, no porello dejan de ser merecedores de crédito. Conviene precisar, a colaciónde las alegaciones del apelante, que el hecho de que se hallasendos de estos testigos en el asiento trasero no les tenía por quéprivar de ver lo que el denunciado llevaba en la mano, ni, desdeluego, de oír sus palabras. En fin, frente a estos elementos de cargono puede prosperar la versión exculpatoria del denunciado,carente de otras pruebas que sugieran que no responde si no alderecho de no autoinculparse.Por todo lo dicho, los hechos integran la falta prevista y tipificadaen el artículo 620, 2.º, del Código Penal, en relación con elartículo 169, y procede en consecuencia confirmar la resoluciónapelada.3. No procede una expresa imposición de las costas procesalesque hayan podido ocasionarse en esta alzada, al no habersedevengado.Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y necesariaaplicación.Fallo: Que desestimando el recurso de apelación formuladopor don Gustavo Andrés Gonzalo Berrio contra la sentencia dictadael diez de noviembre de dos mil cinco por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juezdel Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao en procedimientoJuicio de Faltas número 600/05, confirmo dicha resolución,sin expresa imposición de las costas procesales ocasionadasen esta alzada.Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, con testimoniode esta resolución, para su conocimiento y cumplimiento.Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.»Y para que sirva de notificación a don Miguel Herrero Cortés,dado su ignorado paradero, se inserta el presente edicto en el «BoletínOficial de Bizkaia» para su publicación, en Bilbao, a veinte dejulio de dos mil seis.—La Secretaria Judicial(V-3900)•Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia)EDICTO(CÉDULA DE NOTIFICACIÓN)Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado delo Social número 2 de Bilbao.Hago saber: Que en autos número 4/06, incidente 14/06,de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don AlbertoRodríguez Garbaya, Garikoitz Santisteban Ortiz, Eneko FélixVicario, Joan Bosch Romero, Miguel Ángel Quintela Sarceda, JavierMaría de la Peña Iparraguirre y Aritz de la Peña Monduarte contraFondo de Garantía Salarial y la empresa Eretza 95, S.L., Administradoresconcursales Francisco Javier Divar Pérez-Iñigo yJesús Marín Astobieta, Francisco Javier Divar Pérez-Iñigo y JesúsMarín Astobieta, sobre despido, se ha dictado la siguiente:«DISPONGO:1. Se declara extinguido desde el día de hoy el contrato detrabajo que unía a la empresa Eretza 95, S.L., Administradores concursalesFrancisco Javier Divar Pérez-Iñigo y Jesús Marín Astobieta,con don Alberto Rodríguez Garbaya, Garikoitz SantistebanOrtiz, Eneko Félix Vicario, Joan Bosch Romero, Miguel Ángel QuintelaSarceda, Javier María de la Peña Iparraguirre y Aritz de la PeñaMonduarte.2. Se condena a Eretza 95, S.L., Administradores concursalesFrancisco Javier Divar Pérez-Iñigo y Jesús Marín Astobieta, a queabone a Alberto Rodríguez Garbaya, Garikoitz Santisteban Ortiz,Eneko Félix Vicario, Juan Bosch Romero, Miguel Ángel QuintelaSarceda, Javier María de la Peña Iparraguirre y Aritz de la PeñaMonduarte la cantidad de 4.429,03 euros respecto a MiguelÁngel Quintela Sarceda, 10.430,95 euros respecto a Javier Maríade la Peña Iparraguirre, 8.989,96 euros respecto a Aritz de la PeñaMonduarte, 2.043,79 euros respecto a Joan Bosch Romero,3.552,9 euros respecto a Garikoitz Santisteban Ortiz y 4.446,48 eurosrespecto a Alberto Rodríguez Garbaya y 4.217,28 euros respectoa Eneko Félix Vicario como indemnización sustitutoria de la readmisión,más otros de 10.408,42 euros respecto a Miguel Ángel QuintelaSarceda, 11.023,1 euros respecto a Javier María de la PeñaIparraguirre, 11.214,28 euros respecto a Aritz de la Peña Monduarte,11.502,26 euros respecto a Joan Bosch Romero, 11.023,1 eurosrespecto a Garikoitz Santisteban Ortiz, 11.093,28 euros respectoa Alberto Rodríguez Garbaya y 11.093,28 euros respecto a EnekoFélix Vicario como salarios de tramitación, en cuya cantidad se incluyenlas que fueron objeto de condena en la sentencia.Dichas cantidades devengarán, desde el día de hoy y hastasu total pago, los intereses del artículo 576 de la Ley de EnjuicimientoCivil.Notifíquese esta resolución a Ias partes.Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presentaren este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientesal de recibirla, con expresión de la infracción que se imputa ala resolución impugnada (artículo 452 de la Ley 1/2000 de EnjuiciamientoCivil) sin que su mera interposición suspenda la ejecu-
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