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I. BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GOBIERNO DE CAMBIO CON GARANTÍAS
Nuestra apuesta por el cambio constitucional se justifica desde la experiencia acumulada a
lo largo de estas cuatro décadas. A fecha de hoy, solo una Constitución con contenidos renovados
y sistemas de garantías reforzados puede asegurar la protección de derechos básicos
como la vivienda; los suministros de luz, gas y agua; la salvaguarda del gasto educativo, sanitario
y de la asistencia social; las pensiones; el cambio del modelo productivo; la igualdad
del voto de todas y todos los españoles; el cierre de las «puertas giratorias» que conectan
los partidos políticos y los consejos de administración de las grandes empresas estratégicas;
o el derecho a decidir de Cataluña y de las naciones que planteen con especial intensidad
su encaje territorial. Los derechos sociales, civiles y políticos necesitan, más allá de su
reconocimiento, un sistema de garantías reforzado que solo la Constitución puede ofrecer
y es esa necesidad de garantías la que hace imprescindible iniciar cuanto antes un gran proceso
de diálogo político que desemboque en la modificación del texto constitucional.
La gravedad de la crisis económica en nuestro país y las deficiencias de la Constitución
en términos de protección de los derechos sociales nos obligan a replantearnos el lugar
del texto en la salvaguarda de la cobertura de las necesidades básicas del pueblo.
El amplio consenso sobre la necesidad de contar con un Estado social y democrático
de derecho ha sido reiteradamente desoído en los desarrollos normativos y la jurisprudencia
constitucional que, desde bien temprano, determinaron el alcance real de la
protección constitucional de los derechos sociales en España. El legislador y los altos
magistrados del Tribunal Constitucional se encargaron de convertir en papel mojado el
conjunto de los derechos sociales contenidos en el capítulo segundo de la Constitución,
así como de eludir las lecturas más posibilistas del articulado del texto. La reforma del
artículo 135, acometida con urgencia servil por parte del PP y del PSOE en el verano
de 2011, revela bien el sentido restrictivo que el legislador ha querido otorgar al marco
constitucional: servicios públicos sin recursos, derechos sociales sin garantías.
Lo mismo cabe decir de la protección constitucional de otras piezas centrales del
Estado social y democrático de derecho. Una Constitución orientada a resolver los problemas
de la gente debe implicar garantizar materialmente el buen funcionamiento
de la Justicia. Y algo parecido debe señalarse acerca de la corrupción, uno de los problemas
que más amenaza el funcionamiento democrático del sistema político: el texto
constitucional puede y debe cerrar las «puertas giratorias» que conectan el ejecutivo y
los altos cargos nombrados por el gobierno con los consejos de administración de las
grandes empresas estratégicas; puede y debe garantizar la financiación limpia y transparente
de los partidos políticos; el texto constitucional, en definitiva, puede y debe
comprometerse en la lucha contra la corrupción de las instituciones, como único camino
para garantizar la democracia y, en último término, la soberanía popular.
Asimismo, la Constitución puede sentar las bases para el (siempre aplazado) cambio
del modelo productivo español y apostar por la transición energética y la I+D+i como
senda ineludible para reducir la dependencia y garantizar la sostenibilidad económica y
medioambiental de nuestra economía.
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