YoJMl

PODEMOS EN COMÚ PODEM
EN MAREA
• Elaboración de planes de acción temporal para la Administración del Estado,
comunidades autónomas y administraciones locales.
Estructura
• Director General de Evaluación y Seguimiento.
• Director General al mando de una unidad adscrita de investigadores expertos, conformada
por personal funcionario de: Policía, Guardia Civil, Hacienda y Aduanas.
• Oficina de la Ciudadanía para la Transparencia Institucional.
• Director General para la Coordinación de contrataciones con las administraciones
públicas.
• Otros organismos e instituciones relacionados a los que se considere necesario
dotarles de mayor independencia.
La Unidad Adscrita de Investigadores debe plantearse sobre las siguientes bases:
• Es necesario que los jueces y fiscales dispongan de una auténtica policía judicial,
con una dependencia funcional —que no orgánica—, de forma que permita tener el
control de las investigaciones policiales que en cada instrucción o procedimiento
penal deban realizarse, así como el control directo de medios personales y materiales
aplicados, de los tiempos y de los dispositivos policiales utilizados para el buen
fin del procedimiento.
Para ello, y en el desarrollo de la acción anticorrupción, se crearán Unidades Policiales
Independientes, cuyo funcionamiento se ajustara a los siguientes criterios:
• Adscripción funcional y temporal a los juzgados o tribunales, sin que pudieran ser
apartados si no es a instancias de los titulares de esos juzgados o tribunales.
• Estructura independiente, en la que solo sus puestos directivos de máximo nivel
sean nombrados por el procedimiento de libre designación y, siempre, entre sus
integrantes.
• Integrado por personal funcionario con experiencia acreditada durante más de
diez años dirigiendo unidades de investigación de Policía Judicial, que accederían
mediante concurso específico de méritos.
• El requisito académico mínimo para su ingreso sería el de grado universitario, al
margen de sus titulaciones técnicas específicas o corporativas.
• Adscripción de funcionarios a aquellas instrucciones penales que por su relevancia
o urgencia de resolución dispusieran los jueces y fiscales (crimen organizado y
corrupción principalmente) y así lo solicitaran; ellos deberán valorar su necesidad
y dedicación temporal.
• Su función principal, al margen de sus capacidades investigativas, serían las de
promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas que deba realizar el Cuerpo
Nacional de Policía o la Guardia Civil. Para ello, actuarían por delegación del juez o
del fiscal en el seno de ese cuerpo policial, y tendrán capacidad para requerir de los
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