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II. EJES PROGRAMÁTICOS PARA UN GOBIERNO DE CAMBIO
control de todas las investigaciones policiales de cada instrucción o procedimiento penal
que dirijan. De este modo, se evitarán tanto las dilaciones indebidas como el hecho
de que los agentes considerados «incómodos» puedan ser destituidos. Estas unidades
policiales deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar adscritas funcional y temporalmente a los juzgados o a los tribunales.
2. Contar con estructura independiente y un número muy reducido de puestos de
libre designación.
3. Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la policía judicial, y
con acceso exclusivo mediante concurso especifico de méritos.
4. Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas:
• Actuarán por delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial.
• Podrán requerir de los mandos policiales todos los medios personales y materiales
precisos para llevar a buen fin la investigación.
• Estarán exentos de informar sobre la evolución de las investigaciones o de los
resultados obtenidos.
3.2.2. Ley de Defensa y Protección del Denunciante
Tanto en el ámbito público como en el sector empresarial, España debe ponerse a la
altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos
que, con una conducta ética y solidaria, se atreven a denunciar las prácticas corruptas
o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones. El problema es que
los que están detrás de estas actuaciones –con la complicidad por activa o por pasiva
de los funcionarios o empleados que no quieren problemas– suelen ser los propios investigados
o denunciados.
Por ello, se hará imprescindible que el Gobierno del Cambio:
• Establezca una legislación más eficaz y un marco institucional que proteja de una
actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan de las autoridades,
de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de
inmoralidad o corrupción.
• Establezca una clara definición de la esfera de revelaciones protegidas y de las
personas incluidas bajo la protección de la ley.
• Asegure que la protección ofrecida a los denunciantes es sólida y exhaustiva.
• Defina claramente los procedimientos y establezca los canales para facilitar la información
de actos sospechosos de corrupción y anime al uso cómodo y protegido
de canales accesibles de denuncia.
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