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Por esto, pese a entender el papel de última instancia del ámbito penal como resolución
de los problemas sociales, resulta necesario proponer que los delitos de corrupción del
Título XIX del Código Penal, de Delitos contra la Administración pública, pasen a tener
capítulo propio en el Título XXI de Delitos contra la Constitución.
Un gobierno del cambio debe fortalecer la autonomía de la administración y otorgar un
papel directo a la ciudadanía en su derecho a la participación en los asuntos públicos
frente al poder económico.
Es indudable que estamos ante delitos muy graves en los que el principal bien jurídico
que se debe proteger no es la Administración, sino el ejercicio de las funciones públicas,
de conformidad con el artículo 103 de la Constitución española, es decir, las que están
al servicio de los intereses públicos; en el ejercicio de esa protección se debe excluir
cualquier forma de arbitrariedad. Se trata de hacer efectivos los deberes impuestos a
los poderes públicos en el artículo 9 de la Constitución española, precepto vulnerado en
todos los delitos de corrupción.
Finalmente, también resulta necesario incluir de una vez por todas la prohibición constitucional
de las «puertas giratorias», esto es, la incompatibilidad de altos cargos, y reforzar
de forma inmediata la eficacia de los poderes públicos para hacerlos independientes de la
tantas veces torcida voluntad política de quienes los dirigen. Para ello, es imprescindible
garantizar la independencia política de los organismos reguladores, de la inspección de
Hacienda, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del sistema judicial (muy
especialmente las unidades de las Brigadas de Policía Judicial y la fiscalía anticorrupción).
3.1. Plan Nacional contra la Corrupción y para la Transparencia Institucional.
Adopción de medidas de carácter preventivo
La corrupción y la falta de transparencia en nuestro país son endémicas, de una gran
magnitud y necesitan ya de una actuación coordinada, multidisciplinar y con participación
activa de una amplitud de diferentes sectores institucionales, sociales y de organizaciones
ciudadanas.
El Gobierno del Cambio impulsará un Plan Nacional contra la Corrupción y para la
Transparencia Institucional, que debe coordinar una nueva Secretaría de Estado para la
lucha contra la corrupción, y que integre la acción de la Administración, organizaciones
no gubernamentales y actores relevantes de la sociedad civil. Su ámbito de actuación
debe abarcar las diferentes administraciones territoriales del Estado.
Entre sus objetivos deben encontrarse:
1. Promover una mayor implicación de la sociedad civil, así como de expertos, en el
compromiso contra la corrupción.
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