YoJMl

PODEMOS EN COMÚ PODEM
EN MAREA
• En segundo lugar, por la apuesta por una reforma fiscal que aumente la progresividad
y asegure la suficiencia financiera del Estado para financiar esas políticas. La
reducción del déficit no se basará en la congelación del gasto, sino en una mejora
del sistema tributario, para que no queden necesidades sin atender.
• Y, en tercer lugar, por la aprobación de un nuevo calendario de reducción del déficit
que sea compatible a la vez con la estabilidad presupuestaria, con la creación de
empleo que España necesita y con la mejora de los servicios públicos y la igualdad.
Gasto público:
Se aprobará un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica, destinado a fortalecer
el Estado de bienestar y los servicios públicos relacionados con la atención a las
personas, y a nuevas inversiones públicas, que supondrá una dotación presupuestaria
adicional (para todas las administraciones públicas) de 24 000 millones de euros cada
año durante toda la legislatura (véase la tabla 1).
En 2019, por tanto, el gasto público habrá aumentado en 96 000 millones respecto a
las previsiones actuales para ese año, al priorizar aquellas partidas que tienen un efecto
multiplicador elevado sobre la actividad económica, un fuerte impacto social, un mayor
efecto en la creación de buen empleo y una mayor capacidad para promover la transformación
necesaria de la economía española. En este sentido, se diferenciarán dos
periodos en la aplicación de este plan:
En la primera mitad de la legislatura (2016-2017), las prioridades y la financiación adicional
que se destinará para atenderlas serán las siguientes:
1. Revertir los recortes en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación,
dependencia y protección social): 20 000 millones de euros.
2. Programa de Renta Garantizada: 15 000 millones.
3. Iniciar el programa de inversiones para la transición energética y la transformación
de la economía española: 13 000 millones.
Una vez revertidos los recortes, durante la segunda parte de la legislatura (2018-2019) se emprenderá
el camino hacia la convergencia con la media de la UE15 en el gasto por habitante
en servicios fundamentales (para avanzar a un mayor ritmo en la extensión de derechos,
como por ejemplo la educación entre 0 y 3 años, la extensión de permisos de paternidad y
su equiparación con los de maternidad, o la extensión de la protección a la dependencia), al
tiempo que continuarán impulsándose las políticas destinadas al cambio estructural.
En particular, los 48 000 millones de incremento de la financiación que contemplaría
este plan durante estos dos años se distribuirían de la siguiente forma:
1. Sanidad y educación: 15 000 millones de euros.
2. Protección social (mejora de las pensiones, dependencia y renta garantizada):
15 000 millones de euros. El coste del Plan de Renta Garantizada será decreciente
a lo largo de la legislatura, pues el desempleo se irá reduciendo.
30