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PODEMOS EN COMÚ PODEM
EN MAREA
También debe garantizarse en la Constitución la igualdad política que se expresa, como
mínimo, en la igualdad del voto de todos y todas. El sistema electoral que diseñaron los
constituyentes del 78 configuró uno de los modelos de fórmula proporcional menos proporcional
de Europa: la elección de la provincia como circunscripción electoral empujó a todo
el sistema por la pendiente de la desproporcionalidad. Defender la igualdad política implica
apostar por un sistema electoral en el que el voto de todas las personas cuente lo mismo:
una persona, un voto. No es defendible ni en el fondo ni en la forma que el voto de las personas
censadas en las circunscripciones más grandes (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia,
etcétera) pese poco más de la mitad que el voto de las circunscripciones más pequeñas
(ratio 0,6:1). Porque la igualdad política es esencial en democracia, necesitamos modificar la
Constitución y, como mínimo, sustituir la circunscripción provincial por la autonómica.
Por último, el actual bloqueo de la situación política en Cataluña demuestra la necesidad
de acometer un amplio debate sobre la estructura territorial de España y su expresión
constitucional.
En estos momentos, es imprescindible la convocatoria de un referéndum con garantías
en Cataluña que permita a sus ciudadanos y ciudadanas ejercer el derecho a decidir
sobre su futuro político. No se trata solo de la única salida capaz de desbloquear una situación
que se ha caracterizado por la negación del debate político y de la búsqueda de
soluciones más allá del bloqueo institucional, sino que es, además, la opción que genera
un amplio consenso entre la ciudadanía de Cataluña, con independencia de su posición
acerca de la relación entre Cataluña y España, y que permite asimismo un debate real
sobre las distintas opciones desde un espacio de consenso.
Existe además un marco internacional que muestra, tanto en el caso de Canadá en relación
con Quebec como en el del Reino Unido en relación con Escocia, que ese es el
camino real para una resolución positiva y el mejor marco posible para que los diversos
proyectos puedan ser defendidos en su plenitud.
Cuando en los debates constitucionales de 1978 Herrero de Miñón definía la realidad nacional
española aludía a «la voluntad de vivir juntos» en un proyecto compartido. En el mismo
sentido, en un debate posterior en el Congreso de Diputados el representante de UCD señaló
que: «digámoslo con toda claridad, en la hipótesis de que un pueblo de España pretendiera
ciertamente su supuesto derecho constitucional a la autodeterminación, ninguna
Constitución podrá impedírselo». En la actualidad, una parte importante de la ciudadanía
catalana ha dejado de creer en un proyecto común, en esa voluntad de vivir juntos, y ello
se debe en parte a la negación misma de poder expresar libremente su voluntad. Por ello,
proponemos un referéndum que se enmarque en la propia Constitución.
Concretamente, la realización del referéndum tiene su marco legal en el artículo 92
de la Constitución española, que determina que «las decisiones políticas de especial
trascendencia podrán ser sometidas a referéndum». Los mecanismos específicos de su
desarrollo se establecen en la Ley Orgánica 2 / 1980, de 18 de enero, sobre regulación
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