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II. EJES PROGRAMÁTICOS PARA UN GOBIERNO DE CAMBIO
cir drásticamente las desigualdades sociales, sino que debe permitir también impulsar
las inversiones públicas que hoy resultan prioritarias para sentar las bases del cambio
de modelo productivo que nuestro país necesita. Mejorar la productividad, propiciar la
transición energética, avanzar en la descarbonización de nuestro aparato productivo
mientras que este se desplaza hacia sectores más competitivos y de mayor valor añadido
exige inversiones públicas en infraestructuras clave.
Por ello, pensamos que la política presupuestaria de un gobierno de cambio debe cumplir
los siguientes principios generales:
• Debe seguir una senda expansiva para asegurar una rápida reducción del desempleo.
La lucha contra el paro no puede circunscribirse solo a cambios en la legislación
laboral: requiere también una política macroeconómica coherente con ese
objetivo. Esta senda expansiva debe ser lógicamente compatible con la estabilidad
de las finanzas públicas.
• Tanto si la comparamos en términos de gasto / PIB como en términos de gasto / habitante,
la financiación de los servicios públicos en España es inferior a la de los
países europeos con un nivel de desarrollo similar al nuestro. Abandonar la austeridad
no significa solamente dejar de recortar esta financiación; también hay
que revertir durante esta legislatura los recortes aplicados en educación, sanidad
y dependencia, y asegurar la financiación de las políticas sociales necesarias para
atender las situaciones de emergencia social que la crisis y las políticas aplicadas
han provocado. Pero además de terminar con la reducción del gasto y revertir los
recortes aplicados, poner fin a la austeridad significa retomar una senda de convergencia
con la UE en materia de gasto por habitante. Todo ello implica, como mínimo,
mantener el actual peso del gasto sobre el PIB, en lugar de reducirlo aún más
(como prevé el actual Programa de Estabilidad aprobado por el Partido Popular).
• En consecuencia, cualquier estrategia de reducción del déficit debe pasar por reforzar
la suficiencia fiscal del Estado, es decir, aumentar el peso de sus ingresos
sobre el PIB. Como es conocido, esta ratio es actualmente 8 puntos porcentuales
más baja en España que en el conjunto de la zona euro. Una lucha decidida contra
el fraude, una reforma fiscal progresiva y una reducción de la precariedad laboral
serán los instrumentos utilizados por el gobierno para lograrlo.
Estos principios generales se concretarán en los siguientes compromisos:
1. De forma urgente, el gobierno preparará un programa económico para la legislatura
que incluirá un nuevo calendario de reducción del déficit público que sea realista
y coherente con las necesidades de crecimiento, creación de empleo, atención de
los servicios sociales e inversión pública. Este programa incorporará explícitamente
una Memoria Económica con la financiación prevista para estas partidas, de forma
que quede asegurada la viabilidad de todos los compromisos adquiridos por el
gobierno en el momento de su constitución.
2. El gobierno no practicará nuevos recortes sobre los servicios públicos fundamentales
(educación, sanidad y protección social) y adoptará compromisos claros para
revertir, en la primera parte de la legislatura, los recortes practicados desde 2010
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