YoJMl

PODEMOS EN COMÚ PODEM
EN MAREA
miento de los contratos con entes de régimen cooperativo, especialmente aquellos
que prestan servicios en el ámbito de la violencia machista y el maltrato a menores,
así como otros aspectos sociosanitarios.
2.2. Vivienda y suministros
El Gobierno del Cambio asumirá como una de sus prioridades la garantía efectiva del
derecho a una vivienda digna. Con este fin:
1. Promoverá con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a
la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa
habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas
en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago del alquiler u ocupación en
precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente
garantice un realojo adecuado.
2. Establecerá el derecho a la dación en pago. Limitación de la responsabilidad del
deudor hipotecario al bien hipotecado. El derecho a la dación en pago tendrá carácter
retroactivo.
3. Garantizará el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda
digna y adecuada. Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua,
luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación
de vulnerabilidad. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas
mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese
suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10 % de los ingresos mensuales
del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente
caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.
4. Asegurará el alquiler estable y asequible. A través de una reforma de la Ley 29/ 1994,
de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se facilitará un alquiler estable y
asequible. Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en
los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Se introducirán mecanismos para
asegurar la estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el
alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca
a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario
de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá
una prórroga automática del contrato de alquiler. Se garantizará el alquiler social
para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber
cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan
de alternativa habitacional.
5. Modificará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios
de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario.
6. Regulará un procedimiento simplificado para que, en el caso de los hogares que
cumplan ciertos criterios sociales (por ejemplo, todos sus miembros en paro sin
ingresos alternativos, o ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples, IPREM), se pueda reestructurar la deuda hipotecaria, de
forma que el valor facial se acerque al valor de mercado. Esto se articulará con un
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