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II. EJES PROGRAMÁTICOS PARA UN GOBIERNO DE CAMBIO
Es necesario, por tanto, una reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas:
1. Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado, al que hay que
dotar de un programa de cumplimiento previo.
2. Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos
que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder
ejecutivo.
3. Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer,
entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones,
la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de dirección
y las retribuciones o los indicadores de su actividad.
4. Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica
en los Presupuestos Generales del Estado.
5. Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de
los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica).
6. Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito
y capacidad.
4.4. Eliminación de privilegios procesales
Si bien es real la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de
las actuaciones de jueces y magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el
ejercicio de sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de actuación
pública de estos cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen
más allá de dichas actividades; de este modo, cualquier otra actuación estará sujeta al
procedimiento general, aunque se realice durante el ejercicio del cargo.
4.5. Derogación de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal
Existe unanimidad en todos los colectivos y asociaciones profesionales de la administración
de Justicia sobre la consecuencia de impunidad y por sobreseimiento anticipado
que para los grandes procesos judiciales supone la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de
octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es imprescindible su
completa derogación para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación
de las medidas de investigación para el correcto funcionamiento de las grandes causas
en este país. La disposición transitoria única sobre la revisión de los procesos iniciados
con anterioridad a su entrada en vigor y los plazos de duración máxima de los procesos
penales debe priorizarse como medida inmediata que se debe adoptar para evitar
la impunidad de los grandes delincuentes. La derogación del artículo 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal debe realizarse antes de que se cumpla el plazo de seis meses
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