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PODEMOS EN COMÚ PODEM
EN MAREA
De otro lado, el Gobierno del Cambio se compromete a instaurar de nuevo el principio
de justicia universal suprimido por el Partido Popular en el año 2014. Es del todo inadmisible
que crímenes cometidos contra la humanidad queden impunes, lo que vacía de
contenido derechos constitucionales básicos, tales como el acceso a la tutela judicial
efectiva y la protección de los derechos de las víctimas. Esta reforma realizada por el
Partido Popular imposibilita la persecución de los mencionados delitos, incluso en los
que hay víctimas españolas e intereses relevantes en juego.
Para ello, es imprescindible partir de las siguientes medidas si se quiere un Poder Judicial
independiente que se reconozca como servicio público de calidad y garante de los
derechos constitucionales:
4.1. Justicia gratuita real y reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva
Se creará un texto normativo que esté consensuado con los órganos colegiales y asociaciones
de letrados del turno de oficio, quienes desarrollan el servicio con elevados
estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional. En este texto se
contemplará la mejora del servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación
del turno de oficio, y contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las
comunidades autónomas en esta materia.
4.2. Auditoria pública del sistema judicial
1. Auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados
en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía
constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que
precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los
recursos.
2. Implantación real de una oficina judicial dotada de los medios necesarios para
desarrollar una actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un
verdadero servicio al ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado
(el Gobierno central asumirá las competencias periféricas en este ámbito), será
competencia del Ministerio de Justicia y tendrá capacidad de cesión de edificios de
titularidad pública. Desde esta oficina se impulsará el expediente electrónico y se
informatizará todo el procedimiento judicial.
4.3. Reforma integral de la fiscalía
En estos momentos, es imprescindible dotar a la Fiscalía de independencia funcional
con respecto al Ejecutivo y de los recursos orgánicos necesarios para reforzar el funcionamiento
de la administración de Justicia.
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