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II. EJES PROGRAMÁTICOS PARA UN GOBIERNO DE CAMBIO
y tapar los agujeros legislativos por los que se han colado sistemáticamente conductas
de corrupción en España.
Lamentablemente no es difícil encontrar en cualquier configuración institucional, en
cualquier acto de gobierno o en cualquier ley o reglamento la marca de la corrupción
en forma de eliminación de controles, decisiones y adjudicaciones guiadas por la venalidad
de los corruptos, así como en forma de groseras inequidades contra la ciudadanía
dictadas por los corruptores.
Es impropio de una democracia avanzada seguir repitiendo el discurso que pretende
enmarcar los casos de corrupción en la excepcionalidad de la naturaleza humana o en la
inmoralidad individual. La sociedad española se ve abocada a enfrentar sin remedio el
hecho de que la política se ha convertido en un sistema donde corruptores y corruptos
configuran un sistema en el que se determina la acción política en función de los intereses
de una minoría cercana al poder. Los mecanismos para que eso sea posible son
diversos: la financiación de los partidos, el control económico de los grandes medios
de comunicación, la opacidad en la decisión política, la captura institucional y de los
ámbitos de regulación y, también, una administración de Justicia conscientemente infradotada.
A su vez, esta gestión del poder ha devuelto durante décadas «estabilidad»
al sistema a través de la selección de líderes políticos, la financiación de los partidos, el
control de la opinión pública y una red de seguridad económica en forma de incesantes
«puertas giratorias» que, finalmente, cohesionan intereses.
El resultado de todo ello no solo es una democracia de menor calidad. Este sistema de
gestión política supone también una restricción y una distorsión en el mercado que encarece
y devalúa los productos y servicios ofrecidos –lo que hace de la cercanía al poder
el elemento central para su éxito–, una política de privatizaciones orientada al lucro de
algunos políticos y adjudicatarios, y una distorsión de la legislación que la pervierte y
orienta al beneficio de algunas grandes empresas contra los intereses de usuarios y consumidores.
En definitiva, la corrupción no solo es un cáncer que carcome una sociedad
democrática, sino que también constituye una verdadera desventaja comparativa para
el conjunto de la economía española.
Es complicado, en cualquier caso, revertir legislativamente una situación que agota
prácticamente el ámbito político, en la medida en que contribuye a la selección de los
cuadros de los partidos y condiciona su voluntad política. Y sin voluntad política no hay
normativa que pueda imponerse en la defensa del interés público.
Es verdad que es siempre posible mejorar una ley para hacerla más justa, defender los
derechos de la ciudadanía, incrementar la transparencia y, en general, llevar a cabo todas
las medidas que aquí se proponen; pero el verdadero cambio habrá de ser de cultura
política y, desde luego, de las personas que han de ocupar los cargos de decisión
como única forma de romper la cadena de lealtades en la colusión de intereses.
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