REVISTA PESCA OCTUBRE 2017

un educación imprescindible para alcanzar un alto nivel
de desarrollo. Debe estimular la creación de micro empresas
formales que abastezcan al mercado nacional
Si aspiramos a la soberanía y seguridad alimentarias se
necesita una pesquería que produzca, en primer lugar,
alimentos variados, sanos y accesibles para la población
peruana y, en segundo lugar, para las oportunidades
del mercado exterior.
La defensa del bien común impone el diseño de políticas
públicas que protejan los recursos pesqueros para las
generaciones futuras y que le den a la sociedad una
adecuada participación. El marco normativo debe imponer
reglas y normas regulatorias que hagan posible el
usufructo racional de los recursos, no sólo en términos
de su agotamiento y contaminación, sino de una participación
justa de la renta que generan los recursos en
toda la cadena de producción para beneficio del país en
investigación, control y proyectos sociales alimentarios.
La protección de nuestros recursos solo pueden materializarse
a partir de la existencia de un poder político
que establezca planes de largo plazo y optimice el funcionamiento
del aparato estatal.
Las decisiones políticas, en un sistema democrático, se
sustentan en el derecho que concede el pueblo con su
voto, a las autoridades elegidas para administrar el
país. El poder político real de todo Estado, es la resultante
de la aplicación de políticas de Estado que son
ejecutadas por la administración de turno.
Existen iniciativas privadas para el desarrollo pesquero,
pero que no dejan de ser aisladas y con objetivos empresariales,
como corresponde. Es la naturaleza legítima
de la empresa privada.
Lo que no se ve es un diseño del Estado para la actividad
pesquera que marque los objetivos estratégicos
para el futuro de la pesquería en el Perú, visualizando
no solamente la sostenibilidad de los recursos, sino el
bienestar de las mayorías nacionales. No existe, en forma
visible por lo menos, una definición de la visión de
la pesquería en el largo plazo. Más allá de lo que manda
la Ley General de Pesca, ya obsoleta por cierto, no hay
nada de planeamiento a futuro. Si analizamos el Plan
Estratégico Sectorial Multianual vigente, podremos comprender
mejor como a la pesca y acuicultura no se les
da el tratamiento que corresponde.
Más allá de las acciones de gestión propiamente
dicha, de los fundamentos en los cuales debiera
basarse y de la situación económica que impone
acciones puntuales marcadas por la coyuntura
del momento, ¿Hacia donde se dirige la pesquería
peruana? ¿Cuál es la agenda del gobierno?
¿Cada administración impondrá su propia agenda
a falta de una Política de Estado? ¿Es eso lo mejor
para el Perú? ¿Qué es lo que queremos para
nuestra pesca en el futuro?
No existen objetivos estratégicos a alcanzar, ni
políticas para lograrlo, como tampoco indicadores
para evaluarlos en el corto, mediano y largo
plazo.
Elaborado por:
Marcos Kisner Bueno
Presidente de la Revista Pesca
Se entiende por política de estado, aquellas políticas que forman parte de
las estrategias centrales de un país. Son políticas que no varían a pesar
del color político-ideológico de cada gobierno.
Revista Pesca Octubre 2017 63