REVISTA PESCA OCTUBRE 2017

logístico respecto de lo señalado en la resolución Nº 1.659,
de 2004. El Servicio comunicará a la Directemar la decisión,
respecto del cumplimiento de la resolución Nº 1.659, de
2004, para los fines de autorizar o rechazar el ingreso de la
nave de apoyo a puerto nacional.
Artículo séptimo. Solicitud de recepción de la nave
Para solicitar la recepción de la nave, una vez aceptada la
solicitud por parte del Servicio, se deberá presentar el formulario,
con la aceptación debidamente firmada y timbrada a la
Autoridad Marítima correspondiente al puerto de recalada.
Artículo décimo. Denegación de entrada a puerto
Si las naves pesqueras de pabellón extranjero incorporadas
en la solicitud no dan cumplimiento a la resolución
Nº 1.659, de 2004, la solicitud de la nave de apoyo
será rechazada y el Servicio devolverá al solicitante
el formulario, debidamente firmado y timbrado en la
sección ‘‘RECHAZO’’, con copia a la PDI, a la Directemar,
a Subpesca, al Dima y a la Aduana. La solicitud
será denegada cuando no se cumpla con las condiciones
establecidas en el Artículo sexto. El rechazo de la
solicitud tendrá como efecto que la nave de apoyo no
podrá acceder a un puerto del país. Sin embargo, si la
nave de apoyo, además, se encuentra efectuando servicios
relacionados al comercio internacional de mercaderías
y transporte marítimo de productos diferentes
a los de tipo pesquero, el rechazo de la solicitud le
permitirá ingresar a un puerto nacional y se le restringirá
el uso de los servicios portuario a aquella actividad
propia de la actividad comercial que realiza.
Año de adopción
2010
Tipo de instrumento jurídico
Legislación nacional
Núm. 105.- Santiago, 20 de julio de 2016.
PROMULGA EN ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO
RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A PREVENIR, DESALEN-
TAR Y ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO
REGLAMENTADA, APROBADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2009
POR LA FAO
Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso primero, de la
Constitución Política de la República.
Considerando:
Que con fecha 22 de noviembre de 2009, se aprobó, por la
Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en su 36º período de
sesiones, el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del
Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca
Ilegal, no Declarada y no Reglamentada.
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Que dicho Acuerdo fue aprobado por el H. Congreso Nacional,
según consta en Oficio Nº 1188/SEC/11, de 13 de septiembre
de 2011, del Senado.
Que con fecha 28 de agosto de 2012 la República de Chile
ratificó el señalado Acuerdo con la siguiente declaración:
"La República de Chile, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 31 del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector
del Puerto destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca
Ilegal, no Declarada y no Reglamentada:
1. Reafirma que, de conformidad con el Artículo 1 literal e)
del Acuerdo, por "pesca ilegal, no declarada y no reglamentada"
se entienden las actividades mencionadas en el párrafo 3
del Plan de Acción Internacional de la FAO para Prevenir,
Desalentar y Eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada,
de 2001.
2. Reafirma el ejercicio de su soberanía sobre los puertos
situados en su territorio de conformidad con el Derecho
Internacional, lo que incluye la facultad de denegar
la entrada a los mismos o de adoptar medidas
más estrictas que las que se contemplan en el Acuerdo,
lo que se conviene, entre otros, en sus Artículos 4
y 9.
3. En el ejercicio de dicha soberanía, dictó el decreto
supremo Nº 123, de 3 de mayo de 2004 (Diario Oficial
de 23 de agosto de 2004) modificado por el decreto
supremo Nº 329 de 30 de diciembre de 2009 (Diario
Oficial de 30 de enero de 2010), ambos del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que disponen:
"Sin perjuicio de las normas que regulan el desembarque,
la política nacional concerniente a la utilización
regular, para faenas logísticas, reabastecimiento
y de reparaciones, de los terminales marítimos del
país por naves pesqueras de bandera extranjera que
pescan en el alta mar adyacente presupone:
a) Que el Estado del pabellón de los buques que realizan
esta actividad pesquera ejerza una jurisdicción
efectiva que le permita asumir eficazmente sus responsabilidades
respecto a tales buques.
b) Que dicho Estado coopere con Chile, en su condición
de país ribereño, en la conservación de los recursos
transzonales y altamente migratorios de la alta
mar adyacente, cuando tales especies sean comunes o
asociadas con las que existen en la Zona Económica
Exclusiva de Chile.
c) Que la cooperación se exprese en la negociación,
adopción y aplicación de medidas de conservación
compatibles con las que se aplican a los mismos recursos
en las áreas marinas bajo jurisdicción nacional.
d) Que las naves que realizan esta actividad pesquera
utilicen permanentemente, dentro y fuera de la Zona
Económica Exclusiva de Chile, un posicionador satelital
compatible y conectado con el sistema chileno
cuando así lo requieran los reglamentos o disposiciones
de las autoridades nacionales competentes.
e) Que dichas naves sean sometidas, conforme a la
práctica internacional y a las recomendaciones de las
organizaciones internacionales de conservación y de
pesca, seguridad marítima y preservación del medio