José Miguel de Azaola Urigüen - Euskomedia Fundazioa

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En esta Vasconia de nuestros pecados hay varias Guipúzcoas y
diversas Vizcayas, lo mismo que diferentes Alavas y no sé cuántas
Navarras... todas ellas igualmente válidas aunque es rara la que
no pretende ser la más auténtica.
Sin romper el hilo de la Historia, que entre nosotros representa la
conexión foral, Azaola defenderá ardientemente los modelos federativos
para el País Vasco, para España y para Europa: tres entidades diversas
pero unidas por un destino común. Sobre este principio, en los artículos
publicados durante la Transición sus análisis pondrán de relieve lo que
considera «graves imperfeccciones inherentes al sistema de los
estatutos como fórmula para establecer regímenes autónomos en el
interior del Estado». De una parte, por tratarse de una fórmula vacilante
que adolece de una falta de planeamiento federativo, y por otra por las
serias dudas respecto a la lealtad institucional entre los poderes:
Para que España pueda articularse federativamente sin recaer en
el centralismo ni provocar la disgregación del Estado, es
imprescindible que los titulares del poder central sean sincera y
efectivamente autonomistas, y que los de los poderes autónomos
deseen verdaderamente respetar y robustecer la unidad del Estado
y la solidaridad de todos los españoles. ¿Será esto posible?
En el proceso de construcción autónomica, Azaola denunció el
exceso de politiquería, la premura y la falta de visión a largo plazo. Así,
no tuvo pelos en la lengua para tildar de «mediocre» el Estatuto de
Gernika por haberse realizado con una metodología contradictoria que,
haciendo valer los derechos históricos, no tuvo presente en su ejecución
que los depositarios de tales derechos eran las diputaciones forales, a
cuyas Juntas hubiera correspondido el trabajo de actualizar sus
respectivos pactos forales y transferirlos a posteriori a una Comunidad
Foral Vasca.
Dicho de otro modo, lo que propuso fue que las diputaciones
vascas sigueran la vía navarra y, aprovechando la Disposición Adicional
primera relativa a los derechos históricos, actualizasen sus fueros antes
de armonizarse en una entidad supraprovincial. Se optó por una
solución más política que jurídica pero ello no fue óbice para que el
Estatuto de 1979 debiera interpretarse, a su parecer, como «una
novación del pacto foral; y, como consecuencia, engendra una situación
nueva, una foralidad renovada que, si no se desvirtúa, mantiene viva en