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por el Poder Judicial; 2) de los servicios de la
Defensa Pública proveídos por el Estado, y, 3)
de los servicios gratuitos proveídos por entidades
paraestatales.
En la ENPDH 2011 se consultó a la población
que había expresado su acuerdo con que en
Honduras hay inequidad en el acceso a la justicia,
acerca de cuáles creen ellos son las opciones más
adecuadas para contribuir a que los sectores pobres
tengan mejor acceso a la justicia. Todas las opciones
avaladas por la población en general, tienen
mucho que ver con roles que la Institucionalidad
del Estado en materia de Justicia debe adoptar.
Si se examinan los resultados a nivel nacional, o
se desagregan por ámbito de residencia o nivel socioeconómico
de la población, la opción relevante es
la que establece que el Estado hondureño garantice
la asistencia legal obligatoria a todas las personas que
no puedan pagar un abogado. Entre 45% y 53% de
la población encuestada opina así, dependiendo de
la categoría desagregada (ver gráfico 5.5).
El resultado anterior viene a reforzar aún más
el hecho que la falta de recursos para pagar los
servicios de un abogado, se encuentra en la base
de la inequidad en este ámbito. La figura del abogado
se encuentra en el centro de los servicios del
sistema de justicia, ya sea en su condición de juez,
de abogado defensor o de acusador. Los abogados
son profesionales, acreditados con título universitario,
que prestan asistencia jurídica, en toda clase
de procesos judiciales y administrativos. Tienen la
facultad de representar ante los Tribunales y Juzgados
y toda clase de autoridades administrativas,
contencioso-administrativas y organismos autónomos
y semi-autónomos, o descentralizados.
La segunda opción para mejorar el acceso a la
justicia está vinculada con el hecho de que no es
suficiente con facilitar asesoría legal gratuita. Es
también necesario brindar información pertinente
sobre la existencia de estos servicios y la manera
en cómo se puede hacer uso de ellos.
Las dos últimas opciones por las que la gente
optó para reducir la inequidad en el acceso a la
justicia muestran que, en general, la gente se inclina
más por mecanismos alternativos de resolución
de conflictos que por la extensión de la cobertura
de los tribunales de justicia convencionales. Esto
es un hallazgo interesante para orientar la política
pública, pues muestra la disposición de la gente
a dirimir sus problemas de manera directa, con
la mediación de una tercera parte. Difundir este
tipo de mecanismos, quizá requiere de una menor
inversión y probablemente contribuya al logro de
una justicia más expedita.
RECUADRO 5.2: Estructura de administración de justicia del Poder Judicial
El Poder Judicial es la entidad del Estado
encargada de dirigir los juzgados o tribunales
que se encargan de la administración de
justicia en el país.
El Poder Judicial está integrado por la
Corte Suprema de Justicia, las Cortes de
Apelaciones, los Juzgados de Letras, los Juzgados
de Ejecución y Sentencia y los Juzgados
de Paz.
La Corte Suprema de Justicia es el órgano
superior de administración de justicia en el
país. Está integrada por 15 magistrados. Tienen
una duración en sus cargos de 7 años.
Los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia son seleccionados por el Congreso
Nacional de una nómina propuesta por una
junta nominadora integrada mayoritariamente
por representantes de la sociedad
civil.
Las Cortes de Apelaciones son tribunales
de segunda instancia para resolver los recursos
planteados contra las resoluciones de
los Juzgados y los Tribunales de primera ins-
Fuente: Suprema Corte de Justicia de México (2009, págs. 614–619).
Fuente: Elaboración propia en base a ENPDH 2011.
tancia. Están integradas por tres Magistrados
propietarios y dos suplentes. Al igual que los
titulares de los juzgados, los magistrados de
las Cortes de Apelaciones, son nombrados
por la Corte Suprema de Justicia.
Los Juzgados de Letras, los Juzgados de
Ejecución y los Tribunales de Sentencia son
entidades de primera instancia con distintas
jurisdicciones y competencia para resolver
una amplia gama de conflictos sociales y
supervisión de procesos. Hay Juzgados de
Letras de lo civil, penal, familia, laboral, niñez
y adolescencia, de inquilinato y contencioso
administrativo.
Los Juzgados de Paz resuelven asuntos
civiles con una cuantía menor de 50.000
lempiras e infracciones penales menores
denominadas faltas. Existe, al menos, un
juzgado de paz por cada municipio del país.
Hay Juzgados de Paz en materia penal, civil
y mixta. Los juzgados mixtos conocen
asuntos en materia civil, penal y violencia
doméstica.
GRÁFICO 5.5: Opción más adecuada para que los sectores más pobres puedan tener
mejor acceso a la justicia, según ámbito de residencia y quintil de ingreso. 2011
Porcentajes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
0
Nivel Nacional Grandes
Ciudades
Rural Quintil SE I Quintil SE V
-
0.33
9.44
18.26
24.74
47.23
-
Otro (especifique)
Incrementar el número de juzgados a
nivel nacional y local
Organizando tribunales en barrios y
comunidades rurales para lograr la
solución negociada de conflictos
0.21 0.40 0.00 0.80
7.35
17.57
26.47
48.39
-
11.35
18.94
23.78
45.53
-
8.97
20.71
26.02
44.29
-
6.91
15.71
23.74
52.84
Difundiendo suficiente información para que las
personas sepan cómo usar servicios gratuitos de
asistencia legal
Que el Estado garantice la asistencia legal
obligatoria a todas las personas que no pueden
pagar un abogado
INEQUIDAD EN LA JUSTICIA: ELIMINANDO LAS BARRERAS DE ACCESO
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