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de 1.1 puntos porcentuales en las propiedades de<br />

50 hectáreas o más, y de 8.4 puntos porcentuales<br />

en la superficie de la tierra abarcada por las mismas.<br />

Se estima que hay unas 161 mil familias sin<br />

tierra y unas 116 mil familias en parcelas de tierras<br />

menores de una hectárea.<br />

La principal opción de política pública apoyada<br />

por la población adulta hondureña para reducir<br />

la inequidad en la distribución de la tierra, es la<br />

compra-venta de la tierra a los grandes propietarios<br />

con la intermediación del Estado (79.3%). Solamente<br />

un 12% se pronunció por la expropiación<br />

de la tierra y un 6.8% por la ocupación de predios<br />

para obligar a los propietarios a vender parte de sus<br />

tierras. Esto debe ser interpretado como una expresión<br />

del deseo de la mayoría de los encuestados,<br />

de reducir las inequidades en la distribución de la<br />

tierra por medio de acuerdos y no a través de actos<br />

que conlleven a conflictos sociales violentos.<br />

A pesar de que no se ha tenido acceso a fuentes<br />

sistematizadas para hacer un estudio robusto<br />

sobre la concentración del capital accionario de<br />

las empresas más importantes del país, no hay<br />

duda de que en el país existe una élite económica<br />

integrada por grupos económicos nacionales e<br />

internacionales. Las principales fuentes de capital<br />

de la élite económica hondureña son el sector<br />

agro-industrial, el comercio, la producción de<br />

energía, las telecomunicaciones, los medios de<br />

comunicación y la banca.<br />

La concentración del poder económico en grupos<br />

reducidos concede a éstos una gran influencia<br />

en la agenda pública y en el diseño de políticas<br />

públicas. Basado en valores de equidad y sostenibilidad<br />

de la democracia, este Informe aboga<br />

por la reducción de la inequidad económica que<br />

fomenta la concentración del capital accionario de<br />

las empresas y el capital financiero. Para este propósito<br />

dos cursos de acción son viables: 1) apoyar<br />

a la pequeña y mediana empresa, y 2) reducir la<br />

inequidad en el acceso al crédito.<br />

En relación a la primera propuesta se deben diseñar<br />

políticas públicas consistentes que permitan:<br />

1) nivelar el campo de juego para que la micro,<br />

pequeña y mediana empresa pueda competir<br />

en mejores condiciones frente al gran capital,<br />

y 2) propiciar, con visión de corto, mediano y<br />

largo plazo, alianzas de beneficio mutuo entre<br />

la gran empresa, y la micro, pequeña y mediana<br />

empresa.<br />

En relación a la segunda propuesta se deben<br />

retirar los obstáculos que impiden un mayor acceso<br />

al crédito. A juicio de la población adulta hondureña,<br />

las principales opciones de política orientadas<br />

a mejorar las condiciones de acceso al crédito<br />

son: 1) la reducción de las tasas de interés de los<br />

préstamos, 2) la flexibilización de los requisitos de<br />

garantía para los préstamos y 3) ampliar los plazos<br />

de pago. De acuerdo a la opinión de la población,<br />

la reducción de inequidad en el acceso al crédito<br />

repercutiría positivamente en la gobernabilidad<br />

democrática del país porque reduciría las brechas<br />

de inequidad social, la violencia y los niveles de<br />

pobreza imperantes.<br />

En el sector fiscal, la estructura de recaudación<br />

tributaria en el país es de carácter regresivo.<br />

Midiendo la regresividad como la razón entre la<br />

recaudación de impuestos indirectos y la recaudación<br />

de impuestos directos, Honduras se encuentra<br />

en el grupo de los 10 países más regresivos de<br />

América Latina. En Honduras está razón es de<br />

2.1, mientras que en países como México y Brasil<br />

es de 0.8.<br />

La principal fuente de ingresos del Estado<br />

son los impuestos indirectos, es decir impuestos<br />

sobre la producción, consumo, ventas y servicios,<br />

los cuales gravan por igual a todas las personas,<br />

independientemente de su nivel de ingresos.<br />

Según datos de 2010, los impuestos indirectos<br />

representaron el 61.22% del total de ingresos<br />

tributarios del país. El problema de esta estructura<br />

tributaria es que los impuestos indirectos afectan<br />

más a las personas de menores ingresos. Según<br />

datos de 2008, los más pobres destinan el 37.8%<br />

de sus ingresos al pago de los impuestos indirectos,<br />

mientras que las personas de mayores ingresos<br />

solamente destinan el 16.4% de sus ingresos al<br />

pago de esta clase de impuestos. En relación a<br />

los impuestos directos, los hogares más pobres y<br />

los más ricos pagan proporciones similares. Esto<br />

resulta inequitativo ya que es válido asumir que<br />

las personas de mayores ingresos poseen un mayor<br />

número de propiedades y de mayor valor, y por<br />

lo tanto deberían contribuir con más a las arcas<br />

del Estado.<br />

En el tema fiscal se concluye que existe una política<br />

de exoneraciones que impide una recaudación<br />

tributaria más equitativa. Los sectores exonerados<br />

son muy variados e incluyen instituciones del<br />

sector público, instituciones no gubernamentales,<br />

iglesias, organizaciones sin fines de lucro, empresas<br />

de transporte urbano e interurbano, empresas de<br />

importación, empresas constituidas en zonas libres<br />

y turísticas, generadores privados de energía, el<br />

cuerpo diplomático acreditado en el país y gremios<br />

específicos como los maestros. En 2009, las exoneraciones<br />

fiscales alcanzaron aproximadamente los<br />

17 mil millones de Lempiras, lo cual representa un<br />

RESUMEN<br />

19

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