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la defensa y representación de los imputados en
materia penal cuando no hayan designado defensor
privado, así como la defensa y representación
de los pobres, los menores y los incapaces.
Actualmente, solo se ejerce defensa de los imputados
en materia penal. La representación de los
menores de edad, víctimas de delitos y menores de
edad en riesgo social, es asumida por el Ministerio
Público. No existe servicio de defensa para los
menores de edad infractores y personas pobres.
El Director y subdirector de la Defensa Pública
son nombrados por el Poder Judicial. En el año
2002, había 137 defensores públicos. Para el año
2008, el número de Defensores Públicos era de 242
(Corte Suprema de Justicia de Honduras, 2011c).
Para el año 2010, el número de Defensores
Públicos era de 255, lo que resulta a nivel nacional,
en tan sólo 3 defensores públicos por cada 100 mil
habitantes (ver cuadro 5.6). Esta cantidad es baja
si lo comparamos con los 6 jueces por cada 100
mil habitantes que tiene un país como Costa Rica
(Poder Judicial Costa Rica, 2007, p. 10).
La idea de convertir a la Defensa Pública en un
Instituto Nacional de Defensa Pública con independencia
orgánica, funcional y administrativa
ha sido planteada (Corte Suprema de Justicia de
Honduras, 2005, pág. 25). Sin embargo, hasta
ahora, esa iniciativa no se ha materializado.
Los defensores públicos se han ocupado tradicionalmente
de juicios en materia penal. En
el pasado, cuando se requería obtener defensa
jurídica en materia civil, los interesados tendrían
que contratar un abogado o acudir a los distintos
servicios de asistencia legal gratuita disponibles y
brindados por instituciones paraestatales.
La Asociación Hondureña de Servicios Legales
(ASOHSEL) es un ejemplo de este tipo de instituciones
que han brindado servicios de asistencia
legal gratuita. También disponen de este tipo de
servicios entidades como Casa Alianza, el Comité
para la Defensa de Derechos Humanos en Honduras
(CODEH) y el Centro de Derechos de Mujeres
(Fundación Democracia y Desarrollo y Centro
de Investigación y Promoción de los Derechos
Humanos en Honduras, s.f., págs. 39–40).
El servicio de más larga tradición brindado
en este respecto, es el proporcionado por el consultorio
jurídico gratuito de la UNAH, donde
se atienden casos en materia de derecho civil,
laboral, administrativo, de familia y penal, a través
de la práctica profesional de los estudiantes de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es
precisamente en esta entidad que se abundará en
el siguiente acápite.
RECUADRO 5.5: Los Facilitadores Judiciales Rurales de Nicaragua
5.3.3 El caso del Consultorio Jurídico de la UNAH:
Decano de los servicios jurídicos gratuitos
administrados por entidades públicas
Como se ha quedado indicado, una de las instituciones
claves que ha venido contribuyendo a
reducir las grandes brechas en materia de acceso a
la justicia a los sectores de más bajos ingresos, es el
Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El Consultorio Jurídico Gratuito de la UNAH
data del año de 1963. Su objetivo es dirigir, asesorar
y orientar a los estudiantes que están por egresar
y que realizan en el mismo, con la asesoría de los
maestros de la Facultad de Ciencias Jurídicas, su
práctica jurídica obligatoria. De este modo, brindan
asistencia legal gratuita a personas de bajos
recursos económicos (Quiroz, 2011, pág. 1).
El Consultorio Jurídico Gratuito de la UNAH
ofrece los siguientes servicios jurídicos:
•
Para enfrentar el problema de las comunidades
que presentaban un alto grado de
aislamiento, inseguridad, débil presencia
institucional del Estado, la prevalencia de
altos niveles de violencia, impunidad y una
constante amenaza a la estabilidad social y
política motivada en parte por la extrema
pobreza, la Corte Suprema de Justicia de
Nicaragua creo en el año 2000 el Programa
de Acceso a la Justicia en Zonas Rurales conocido
como el Programa de Facilitadores
Judiciales Rurales.
Para tal objeto, la Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua firmó un Convenio de
Cooperación con la Organización de los
Estados Americanos en marzo de 2003 con
el objetivo de reforzar el acceso a la justicia
y fortalecer los mecanismos de prevención
y resolución alterna de conflictos como vía
para mantener el equilibrio social y la convivencia
armónica.
El objetivo de este programa es ampliar el
servicio de acceso a la justicia y resolución
alterna de conflictos a través de un servicio
autosostenible de facilitadores judiciales.
Los facilitadores judiciales se definen como
personal auxiliar al servicio de la administra-
Fuente: Poder Judicial de Nicaragua (2011). Facilitadores Judiciales.
Derechos de Familia: demandas de alimentos,
divorcios, violencia doméstica, suspensión de
la patria potestad, régimen de comunicación,
reconocimiento e investigación de paternidad,
unión y separación de hecho, guarda y cuidado,
nombramiento de tutor.
ción de justicia. Los facilitadores judiciales
realizan miles de trámites, permitiendo a
miles de campesinos el acceso a la justicia.
Gracias a los facilitadores judiciales, ya
para diciembre de 2006 el 20% de la población
rural tenía acceso a servicios judiciales
y el 7% hacia uso de ellos. Su servicio equivalía
el 5% del nivel de actividad del Poder
Judicial. Para mediados de 2007, los facilitadores
rurales han entrados en contacto con
más de 200 jueces tradicionales (whitas) de
tres etnias. Hay un alto número de facilitadoras
judiciales que son mujeres.
El sistema de facilitadores judiciales ha
contribuido: 1) al descongestionamiento
de los juzgados, reducido el costo de los
casos resueltos y ha mejorado la percepción
pública del Poder Judicial, y, 2) se ha convertido
en un mecanismo de participación
ciudadana en la administración de justicia,
ha mejorado la gobernabilidad a nivel local
y contribuye a la superación de la pobreza.
Un programa semejante de Facilitadores
Judiciales se ha establecido en Ecuador,
Panamá, Paraguay y Guatemala, bajo el patrocinio
del Programa Interamericano de
Facilitadores Judiciales de la OEA.
INEQUIDAD EN LA JUSTICIA: ELIMINANDO LAS BARRERAS DE ACCESO
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