ESTUDIO DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ...

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Memorias de la presentación del Estudio de Derecho Internacional
Humanitario Consuetudinario - Colombia 2008
Según manifestó el propio Estado, “el propósito principal del operativo
era la captura de delincuentes, narcotraficantes y terroristas” y las Fuerzas
Armadas habían afirmado que actuaron basados en la Ley de Seguridad
Nacional y en informaciones de inteligencia militar. La Corte observó que
el decreto de estado de emergencia no fijó un límite espacial definido -por
el contrario, dispuso “la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el
territorio nacional-; no determinó un límite temporal para la intervención
militar, ni estableció los derechos que serían suspendidos, es decir, el
alcance material de la suspensión.
La Corte hizo numerosas consideraciones respecto de los Estados de
emergencia y los límites a la suspensión de garantías (artículo 27),
situaciones que tienen estrecha relación con el DIH. Por ejemplo, el
Tribunal hizo notar que en determinados Estados de emergencia o en
situaciones de alteración del orden público, los Estados suelen utilizar las
Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, la Corte estimó
absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los Estados
deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control
de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones
excepcionales y criminalidad común. El deslinde de las funciones militares
y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del deber de prevención
y protección de los derechos en riesgo, a cargo de las autoridades
internas. En este sentido, destacó como avances la declaración de “Normas
humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado de excepción”
(“Normas de Turku” 36 ), que reafirma y desarrolla principios que deben regir
el comportamiento de todas las personas, grupos y autoridades en casos
de violencia interna, conflictos étnicos, religiosos y nacionales, disturbios,
tensiones y en situaciones excepcionales, así como el carácter inderogable
de determinadas normas en esas situaciones.
Por otro lado, la Corte reforzó su jurisprudencia acerca de los criterios que
determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos
de seguridad del Estado:
a) Excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad:
b) Existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza
c) Planificación del uso de la fuerza (Capacitación y entrenamiento a
los miembros de los cuerpos armados y organismos de seguridad
estatales)
d) Control adecuado y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza
Así, la Corte observó que la amenaza “delincuencial”, “subversiva” o
“terrorista” -invocada por el Estado como justificación de las acciones
desarrolladas- puede ciertamente constituir una razón legítima para
36 “Normas humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado de excepción” (“Normas de Turku”),
Aprobada por una reunión de expertos organizada por el Instituto de Derechos Humanos, Universidad Abo
Akademi en Turku/Abo (Finlandia) del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1990 y revisada después de una
reunión del Instituto Noruego de Derechos Humanos celebrada en Oslo (Noruega) el 29 y el 30 de septiembre
de 1994. Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 51º período de
sesiones, Tema 19 del programa provisional, Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías sobre su 46º período de sesiones.