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y considerado en su conjunto. Insisto. Vendo
dos, por 50, me resuelven una, y he de indemnizar
en total por 70, y además me quedo sin la
otra (más de la mitad de lo transmitido).-
Porque creo que precisamente la sentencia
que comento, mantiene emboscada, o si se
quiere inadvertida, la cuestión nuclear y de fondo
que vengo reiterando, y así, al final, desatendiendo
que el precio por metro cuadrado pactado
por las partes en la compraventa previa,
marzo de 2.001 , había sido de 130.000 pts/m2,
se aprecia, en base a un informe pericial que
cifra en 470.000 pts./m2 de esa zona, a mediados
de 2.002, a cuyo importe, deduciendo el
costo de construcción, se remite para señalar el
quantum indemnizatorio final, a mi juicio, desproporcionado
y excesivo hasta el absurdo, por
más pericial y formalmente que venga argumentado,
dado el acto propio de las partes al fijar
previamente el precio, y la imposibilidad legal
de considerar indemnizables las meras expectativas
negociales (Ss.TS de 11-1 0-2000 12 diciembre
de 1.995, y 23 octubre 1990).
El asunto, desgraciadamente, no es nuevo.
La historia de la justicia está, en malhora, plagada
de casos como este, en los que la interpretación
literal y a ultranza de un formalismo,
ya sea normativo, ya probatorio, conduce al
absurdo legal y, con él, a la inseguridad jurídica.
Eso es lo que pone de relieve el antiguo aforism
o "summun ius, summa iniuria", en que tan
fácilmente se incurre cuando se prioriza la aplicación
aislada de algún factor, y se pierde de
vista el ordenamiento jurídico en su conjunto.-
Y es que en el caso, el Tribunal, sin duda, no
solo ha tenido en cuenta el informe pericial
obrante en autos, sino que ha sobrepuesto y
valorado el mismo por encima de cualquier otro
parámetro, como sin duda lo era, y no baladí, el
precio pactado por las mismas partes y de común
acuerdo, solo unos meses antes para el
mismo inmueble, confiriendo al dictamen pericial
, dentro de la facultad valorativa libre del
Tribunal, una objetividad y trascendencia, que
está en franca incompatibilidad con el marco
contractual fijado previa y voluntariamente por
las partes mismas, como acto propio, lo que
desemboca en una solución que por más legal
que sea en su formalidad, no dejará de ser
injusta, y atentatoria contra la lógica jurídica y
los postulados de la justicia material, entendida
conforme a la doctrina contenida en numerosas
sentencias del Tribunal Supremo (vgr. 2 julio
1991 , RJ 1991\5319), que sanciona la aplicación
de los criterios hermenéuticos recogidos en el
art. 3.1 del Código Civil, según la realidad social
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad
de aquéllas, espíritu y finalidad que son, no un
mero elemento de interpretación, sino la clave
fundamental para orientar aquélla.
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