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- SALA de TOGAS
Entrevista
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De otra manera, pueden las "Memorias" de la
fiscalía, de la magistratura- ¿y por qué no?- las
que pudieran pedirse a los Colegios Profesionales
ayudar a poder legislar más avanzadamente
contra la delincuencia
En la elaboración de los proyectos de reformas
legales, señaladamente las que afectan a
las leyes penales y de procedimiento penal, se
oyen a los órganos rectores de estos colectivos
jurídicos. De hecho, la audiencia al Consejo
General del Poder Judicial es preceptiva en las
leyes penales sustantivas y procedimentales. Lo
lógico es pensar que las propuestas y aportaciones
de la Fiscalía General del Estado se hagan
eco en alguna medida de las sugerencias de las
distintas Fiscalías de España. Me consta además
que muchas de aquellas propuestas han
sido recogidas en las reformas legales.
¿Camina la ciencia académica en Derecho
Penal por autovías, mientras el derecho punitivo
va por el carril?
Yo creo que no. Es verdad que la ciencia del
Derecho Penal en España ha alcanzado un nivel
muy considerable y que sus aportaciones al
Derecho Positivo -por libres, independientes y
normalmente documentadas- están siendo especialmente
significativas. Pero la ley penal se
publica en el B.O.E. para su aplicación directa a
los ciudadanos y, además, con vocación de permanencia,
por lo que no parece aconsejable la
sexta velocidad.
Esto nos lleva a cuestionar la privación de
libertad, el internamiento, ¿se puede mejorar?
¿Tiene el Estado que concienciarse de
que la reinserción sin medios es una entelequia?
Las alternativas a la prisión como respuesta
jurídico-penal es una cuestión muy vieja (recuérdese
la Ley de condena condicional de 1.908) y
de complicadas soluciones. El Código Penal de
1.995 introdujo como gran novedad el arresto
de fin de semana y su fracaso como alternativa
penal ha llevado a su supresión por Ley 25-XI -
2003. Se buscan otros sustitutivos -expulsión,
trabajos en beneficio de la comunidad, transformación
de la prisión en multa, medidas de alejamiento
... - y la dogmática se afana en buscar
nuevas fórmulas -compensación o reparación,
dispensa de pena, suspensión del fallo ... - algunas
de las cuales se están aplicando en otros
países, pero no deja de ser cuestión de difícil
solución. En cualquier caso, la reinserción social
es una exigencia constitucional que debería
gozar de primacía en todos los órdenes -también
en el de dotaciones y medios- en cualquiera de
estos planteamientos.
¿Se nota la UAL en las jóvenes generaciones
de letrados, o queda tan apartada como su
Campus?
Naturalmente que se nota en la práctica diaria
de los Tribunales la presencia y la impronta de
las ya numerosas promociones de Abogados
salidos de nuestra Universidad. Yo que soy profesor
asociado de Derecho Penal, me cruzo
frecuentemente -y alguna vez me enfrento, aunque
ya no los califique- con quienes fueron mis
alumnos ya plenamente incorporados al ejercicio
profesional. Siempre es una satisfacción.
¿No se califican los hechos con la mayor
pena de lo posible, a fin de que siempre pueda
haber conformidad, con una "rebaja"?
No. Eso no es así. Lo que sucede es que a
diferencia del Juez o Tribunal que en la sentencia
tienen que motivar suficientemente la pena concreta
que imponen, el Fiscal en su calificación
provisional o escrito de acusación, no tiene ese
apartado de "fundamentos jurídicos" y por tanto
no puede explicar el "motivo" de la pena que en
conc.reto solicita dentro del marco legal. Para
ello está el informe oral del juicio. Por otro lado,
la actividad de consenso y de conformidad (que