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CORRUPCIÓN /YUCATÁN
El 5 de junio de 2002 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto
de creación del ANP de Otoch Ma’ax Yetel
Kooh, con la categoría de Área de Protección
de Flora y Fauna (APFF), bajo la administración
del ejido de Valladolid.
Los pobladores dejaron el chicle y la
agricultura tradicional para dedicarse a
actividades turísticas sustentables, consistentes
básicamente en el avistamiento
del mono araña en esta ANP, en donde
hay unos 400 ejemplares.
Ejidatarios y sus hijos, agrupados en la
cooperativa Najil Tucha, entablaron, hace
nueve años, un acuerdo para la explotación
del ANP Ma’ax Yetel Kooh con las entonces
autoridades del ejido de Valladolid.
El convenio entre la cooperativa y el
ejido consiste en una “concesión” por 30
años, con una contraprestación de 4 mil
pesos mensuales.
El ejido de Valladolid cuenta con cuatro
polígonos que están separados y que
son denominados: Zaciabil, de 340 hectáreas,
en la periferia de la ciudad; Papagayo,
de 3 mil 600; San Antonio, de 3 mil 600,
y Punta Laguna, de unas 30 mil hectáreas,
incluida la APN de Otoch Ma’ax Yetel
Kooh.
Pero las cosas empezaron a cambiar
en 2013 para las 40 familias de Punta Laguna
y los 704 ejidatarios de Valladolid, ya
que el entonces presidente del Comisariado
Ejidal, Leonardo Pech Un, de buenas a
primeras determinó fraccionar el polígono
Zaciabil.
Proceso se reunió con un grupo de ejidatarios
en un domicilio del barrio de San
Francisco, de Valladolid, quienes narraron
la manera en que Rafael Acosta Solís, en
complicidad con dirigentes comunales, ha
realizado una serie de acciones para parcelar
todo el ejido, con el último fin de apoderase
de Punta Laguna.
El primer problema de Leonardo Pech
es que necesitaba una mayoría calificada
de la asamblea –75% del total en primera
convocatoria y la mitad más uno en la
segunda, de un conjunto de 704 ejidatarios
inscritos en el padrón– para fraccionar
Zaciabil.
La última vez que se logró la mayoría
calificada fue en 1998, y en asambleas recientes
la participación no ha superado
los 350 ejidatarios.
Para resolver este inconveniente, el
presidente del Comisariado Ejidal se dedica
a sancionar a ejidatarios y a separarlos
de sus derechos con el objetivo de reducir
el número total a efecto de obtener
el quórum legal.
La purga y la explotación
El ejidatario Miguel May señala que empezaron
a ser sancionados sin mediar el elemental
derecho de audiencia.
Especial
En medio de este proceso de purga de
ejidatarios apareció Rafael Acosta Solís
como “asesor legal del nuevo presidente
del Comisariado Ejidal, José Matilde Cervera
Dzul, quien formó parte de la Comisión
de Reparto durante la administración
de Leonardo Pech”, explica.
En ese entonces poco se sabía en Valladolid
de Rafael Acosta, quien había sido
subprocurador general de Justicia y
posteriormente fue parte de la Consejería
Jurídica del Gobierno del estado –en
la administración de Ivonne Ortega–, secretario
general del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del PRI y actualmente diputado
federal.
En marzo de 2014 se realizó una asamblea
que tuvo tres puntos principales: el
primero fue la lotificación y parcelamiento
de las 324 hectáreas del polígono Zaciabil;
el segundo, la suspensión de 245 ejidatarios,
entre ellos opositores a la lotificación
del ejido; y el tercero, formalizar
la contratación de los servicios de Rafael
Acosta como asesor del ejido.
Pero lo que más llamó la atención fue
la manera en la que se pagarían los honorarios
de Acosta Solís: se determinó que
fuera 20% “de lo que se haga”, según consta
en el acta de asamblea.
El primer pago para Acosta Solís consistió
en 20% por las 94 hectáreas del polígono
San Antonio, y la proporción correspondiente
por los 840 mil pesos que el ejido
recibió por la ampliación del periférico
de la ciudad de Valladolid.
Más aún, los servicios de Acosta Solís
no se reducirían a Zaciabil, sino que abarcarían
los cuatro polígonos del ejido Valladolid,
que suman 36 mil hectáreas y que
incluyen a Punta Laguna.
Por todo, Rafael Acosta recibiría 7 mil
200 hectáreas, una extensión que supera
la reserva de Punta Laguna, que es de
5 mil 300.
En contraste, cada ejidatario obtendría,
en caso de la parcelación de todo el
ejido, unas 37 hectáreas.
Una vez concretado el reparto de Zaciabil,
al año siguiente José Matilde Cervera
y Rafael Acosta organizaron otra asamblea
para parcelar todo el ejido, incluido el
polígono de Punta Laguna.
El 29 de marzo de 2015 se efectuó la
asamblea, con el padrón rasurado, pero no
sólo 245 ejidatarios fueron suspendidos, sino
que además no dejaron pasar a otros que
contaban con derechos, y permitieron el acceso
a personas que no eran ejidatarios.
Por primera vez hubo granaderos de la
Policía Estatal, y en la asamblea participó
un representante de la Secretaría de Gobierno
de Yucatán, al que los entrevistados
dicen no haber reconocido.
A fin de cuentas, fue aprobada la lotificación,
pero sin planos del parcelamiento.
El 19 de abril se realizó otro asamblea
sin dar vista a todos los asistentes del acta
de la anterior y cuando ya había concluido
el castigo de 245 ejidatarios.
Dicha asamblea tuvo el propósito de
sancionar a más ejidatarios para no sólo
alcanzar el quórum legal, sino también
para borrar cualquier disidencia ante el
parcelamiento.
Y con la disidencia plenamente suprimida,
se convocó a otra asamblea para el
20 de septiembre. Entre sus fines, ratificar
a Rafael Acosta como asesor legal y acabar
con el contrato con la cooperativa Najil
Tucha.
La sesión tuvo un mal inicio, pues ingresaron
personas que no eran ejidatarios
y no fueron nombrados en el pase de lista.
Los “rasurados” iniciaron entonces una
trifulca que derivó en la detención de siete
“opositores” y tres partidarios de José Matilde
Cervera.
El Comisariado convocó a otra asamblea
para el 4 de octubre, también en la Ca-
Ejidatarios. Repudio a las trampas gubernamentales
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