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Javier Sicilia
Las fosas de Graco
A la memoria de Nepomuceno Moreno, quien después de
cuatro años sigue clamando justicia.
Desde el descubrimiento de las
fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas
(2011), hasta las localizadas en
Guerrero buscando a los 43 desaparecidos
de Ayotzinapa (2014 y 2015), el Estado no
ha dejado de repetir que pertenecen al crimen
organizado. Sin embargo, hace unas
semanas se develaron dos que corresponden
a la Fiscalía del Estado de Morelos y
que contenían 150 cuerpos. El hallazgo se
debe a la familia Navarrete Hernández,
cuyo hijo Oliver Wenceslao –secuestrado
el 24 de mayo de 2013 y hallado muerto el
3 de junio del mismo año en el municipio
de Ayala– se encontraba, identificado por
sus parientes, a resguardo de la fiscalía
(entonces procuraduría), con el objeto de
realizar mayores indagatorias.
En diciembre de 2014, la familia se
enteró de que el cuerpo de Oliver había
desaparecido de las instalaciones de la
ahora fiscalía, y que fue enterrado en una
de esas dos fosas comunes ubicadas en
un predio irregular disfrazado de cementerio,
en Tetelcingo, Cuautla.
Después de muchas presiones, logró
que la fiscalía exhumara el cuerpo y, junto
con él –como consta en los videos que
la propia familia grabó y que pueden verse
en proceso.com.mx– 149 cuerpos más,
muchos de ellos sin identificación alguna.
A pesar de que la fiscalía y el gobierno
de Morelos reconocen que dichas fosas son
propiedad de la fiscalía, su develamiento
plantea múltiples preguntas: ¿Por qué desde
2012 –fecha en que fueron cavadas–, el predio
correspondiente carece de las mínimas
regulaciones jurídicas? ¿Por qué a partir de
entonces, sabiendo que hay 25 mil desaparecidos
en el país –83 en el estado de Morelos
durante la presente administración–,
han inhumado 150 cuerpos sin practicarles
pruebas científicas –como la del ADN– para
cruzarlas con las de quienes buscan a los
suyos, y sin que haya mediado una notificación
al Registro Civil de Cuautla?
¿Por qué de esos 150 cuerpos, según
la contabilidad que hicieron los familiares
de Oliver, la fiscalía dice ahora que
son sólo 105 –103, porque ya entregó el de
Oliver y el de otro que fue identificado?
¿Dónde quedaron los otros 45? ¿Cómo
pudieron desaparecer? El hecho sugiere
negligencia criminal y desaparición de
evidencias. ¿Cuántas fosas de este tipo
hay en Morelos y cuántas en el país? ¿Por
qué la familia ha recibido amenazas: “Ya
no le muevan o se los carga la verga” (Las
fosas clandestinas de la fiscalía de Morelos,
portal de Proceso, 5 de noviembre).
Las preguntas son oportunas en su
gravedad y exigen no sólo una respuesta
convincente por parte de la fiscalía y del
gobierno de Morelos –las que hasta ahora
han dado están llenas de contradicciones
y opacidad–, sino también la creación de
una comisión civil de víctimas y peritos
forenses que acompañen la exhumación
de los cuerpos para sus respectivas
identificaciones y cruces con los ADN de
parientes. Muchas organizaciones de víctimas
lo han demandado ya mediante un
desplegado aparecido el 12 de noviembre
en los medios impresos de Morelos y en
La Jornada nacional. La Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM), respondiendo
a esa demanda, ha puesto a
su disposición su Centro de Investigación
en Dinámica Celular y ha creado la Comisión
Científica de Identificación Humana,
encabezada por el director del Centro, el
doctor Iván Martínez Drunker, para realizar
todas las pruebas científicas que sean
necesarias en la identificación de esos
cuerpos. Lo único que falta es el aval del
gobierno de Graco Ramírez.
Debe hacerlo. Ya no por ese sentido de
lo humano llamado empatía, del que, por
desgracia, ha dado muy pocas muestras,
sino para rescatar algo de la credibilidad
que, junto con la del estado que representa,
perdió hace mucho y que esas fosas ponen
en un mayor entredicho. Debe también llamar
a cuentas a quienes han hecho posible
este horror y, supervisado por la sociedad
civil, generar y cumplir con los protocolos
jurídicos y sanitarios de los que la fiscalía
carece. De no hacerlo, confirmará lo que
yo y muchos no hemos dejado de señalar:
que México se ha convertido en un Estado
criminal al servicio de los capitales legales
de las empresas trasnacionales y de los
ilegales del crimen organizado; un Estado
que traiciona y atropella su propia vida jurídica;
un Estado para el que, por lo mismo,
una enorme cantidad de sus ciudadanos
son prescindibles y pueden ser enterrados
como basura en fosas clandestinas; un Estado
que merecería ser juzgado por crímenes
de lesa humanidad. Nos obligará también
a llamar a las instancias internacionales y a
mantener la resistencia y la denuncia.
Las fosas de Graco pueden ocasionar
la repetición del grito de Ayotzinapa: “Fue
el Estado”, y acelerar el declive de la imagen
del mandatario o, por el contrario,
pueden ser un punto de inflexión en la reconstrucción
de su credibilidad y llevarlo
a ejercer una de las funciones que hasta
el momento no ha asumido: la justica.
Sabemos –no hemos dejado de denunciarlo–
de qué lado están Graco y la
clase política. Pero quizá –son los sueños
de la esperanza– nos topemos con una
grata sorpresa. Es lo que más deseamos
para sentir que hay un poco de justicia y
tomar un respiro en esta inacabable resistencia
a la que la corrupción, la impunidad
y la miseria del Estado nos obligan.
Además opino que hay que respetar
los Acuerdos de San Andrés; detener la
guerra; liberar a José Manuel Mireles, a
sus autodefensas, a Nestora Salgado, y a
todos los presos políticos; hacer justicia
a las víctimas de la violencia; juzgar a
gobernadores y funcionarios criminales;
boicotear las elecciones, y devolverle su
programa a Carmen Aristegui.
46 2038 / 22 DE NOVIEMBRE DE 2015