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sa Ejidal. Desde el día 3, policías estatales
resguardaron la Casa Ejidal; en la fecha
de la asamblea se impidió el acceso a
los disidentes y, de nuevo, dejaron entrar
a personas que no son ejidatarios.
Se aprobó la ampliación del contrato
de Acosta Solís, quien, ante las inconformidades
expresadas por sus altos honorarios,
aceptó reducir el porcentaje de
su pago a 12%. Aunque, en realidad, la
operación de la lotificación de los cuatro
polígonos del ejido ya estaba concluida,
con la tarifa de 20%.
La asamblea también determinó finalizar
unilateralmente el contrato con
la cooperativa Najil Tucha.
Por lo pronto, los “opositores” han
presentado recursos para revertir las
asambleas en las que se lotificó el ejido,
aun cuando ignoran la magnitud del daño
y cuáles fueron las tierras con las que
se cobró Rafael Acosta Solís, pues Matilde
se niega a proporcionar copias de las
últimas asambleas.
Medio de subsistencia
Punta Laguna es una comunidad de
unas 40 familias. Todas dependen del
ecoturismo y de la zona protegida, precisa
Mariano Canul Abán, presidente de la
Cooperativa Najil Tucha.
“Los hombres somos guías. Hacemos
paseos a la laguna, a la selva, a los
cenotes. Las mujeres elaboran y venden
artesanías”, refiere.
Cuando el ahora expresidente del Comisariado
Ejidal Leonardo Pech les dijo
hace dos años que la cooperativa, en vez
de pagar como contraprestación 4 mil pesos
mensuales, tendría que aportar 25%
de sus ingresos, los cooperativistas rechazaron
las nuevas condiciones y le dejaron
en claro que la concesión y sus términos
eran por 30 años.
En marzo de este año, Matilde Cervera
se negó a continuar recibiendo las
Punta Laguna. Ambición depredadora
aportaciones de los miembros de la cooperativa,
para después acusarlos de que
habían dejado de pagar 4 mil pesos mensuales.
Bajo ese argumento, el pasado 4 de
octubre Matilde Cervera puso a consideración
de la asamblea retirar la concesión
a la Cooperativa Najil Ticha, lo cual
fue aprobado.
Su intención es, acusa Canul Abán,
desalojarlos para hacer un desarrollo turístico
con los terrenos que obtuvo como
pago por sus servicios al ejido Rafael
Solís.
Por lo pronto, los cooperativistas ya
recurrieron a un amparo contra la asamblea,
que fue avalada por las autoridades
agrarias.
Además, los ejidatarios disidentes
también han tratado de llegar a un acuerdo
político con el apoyo del gobierno del
estado.
El 28 de mayo de este año, un grupo
de ejidatarios, entre los que se encontraba
Armando Hoil Uicap, se reunieron
con el secretario general de gobierno,
Roberto Rodríguez Asaf, en un encuentro
donde también participó Rafael Solís.
El colaborador del gobernador Zapata
Bello les propuso un acuerdo, relata
Hoil Uicap, y explica: “Nos ofrecieron las
mejores tierras a cambio de que abandonemos
a los compañeros ejidatarios”.
El trato consistía en mantener los
acuerdos para parcelar el ejido, aunque
Punta Laguna pasaría a ser administrada
por el gobierno estatal.
“El secretario me dijo que era nuestra
oportunidad, y que una oportunidad así
no presentaría otra vez.
“Y esta fue mi respuesta –recuerda
Armando Hoil–: Unos están acostumbrados
a traicionar a su gente, pero nosotros
no.”
Y le advirtió:
“Vamos a seguir hasta las últimas
consecuencias.”
Especial
ISAÍN MANDUJANO
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Los constructores
de Chiapas han denunciado
la corrupción que,
afirman, llegó a muy altos niveles
en la administración de Juan
Sabines Guerrero y se ha tornado
crítica en la de Manuel Velasco Coello.
Señalan que amigos y familiares del
gobernador, así como empresas de otros
estados, se llevan la mayoría de los millonarios
contratos de obra pública mientras
que las empresas locales quiebran o reciben
contratos secundarios, con los que
apenas consiguen subsistir y pagar el poco
personal que les queda.
Entre los favorecidos por Velasco Coello
señalan a su primo Juan Pablo Orantes
Coello y a su amigo Juan Pablo Montes de
Oca Avendaño, que son funcionarios de la
Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones
(Seinfrac).
Tras las insistentes denuncias, el primero
fue destituido como subsecretario
técnico pero algunos constructores indican
que aún despacha en esa dependencia.
Luis Moya Constantino, de la Organización
de Constructores Independientes del
Estado de Chiapas (OCIECH), dice que los
contratos no se ajustan a la reglamentación
para la obra pública y se otorgan de forma
arbitraria a empresas creadas recientemente
y que no cumplen con los requisitos
ni tienen experiencia.
La OCIECH señala como ejemplo de ese
trato privilegiado a la firma Arrendadora y
Constructora Yalem Chem, registrada el 18
de enero de 2013, en los primeros días del
gobierno de Velasco Coello, ante el notario
público Oscar Gabriel Esquinca Camacho,
de Tuxtla Gutiérrez, y que vive en Venustiano
Carranza.
En la escritura aparecen Aurora Sánchez
Sánchez y Mauricio Flores Saldaña
como propietarios de Yalem Chem, pero la
OCIECH informa que la empresa en realidad
es propiedad de Montes de Oca, panista
que fue alcalde de Venustiano Carranza.
El domicilio de la empresa es la
Avenida Central Poniente Número 6, es
decir, la casa de Montes de Oca; incluso el
recibo de la Comisión Federal de Electricidad
llega a nombre de la madre del funcionario
estatal, Eugenia Margar Avendaño
Borraz.
Montes de Oca fue designado por Velasco
Coello subsecretario de Infraestructura,
Carretera e Hidráulica de la Seinfrac
en diciembre de 2012 y al mes siguiente
fue creada la firma Yalem Chem.
Además de adjudicarle millonarios
contratos a su empresa, en junio pasado
el funcionario desvió materiales y maquinaria
para pavimentar un kilómetro
del camino hacia su rancho en Venustiano
Carranza, según denunció en la pren-
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